(El Economista, 05-02-2026) | Laboral
En los últimos ocho años, el mercado de trabajo en España ha mostrado una paradoja difícil de conciliar: mientras el número de personas desempleadas se ha reducido en un 23 %, el gasto destinado a prestaciones y subsidios por desempleo ha aumentado un 39,8 % y el número de beneficiarios ha vuelto a situarse en torno a 1,8 millones. Esta evolución se explica, en gran medida, por las modificaciones introducidas en el sistema de prestaciones por los distintos Gobiernos encabezados por Pedro Sánchez desde su llegada a La Moncloa.
En 2025, España destinó 24.421 millones de euros al pago de prestaciones por desempleo, el nivel más elevado desde la pandemia y claramente superior a los registros de los años anteriores a 2014, cuando el país comenzaba a salir de la Gran Recesión. En 2018, el gasto había alcanzado su mínimo desde la crisis, con 17.469,3 millones de euros, casi 7.000 millones menos que en 2025. En ambos momentos, el número de beneficiarios rondaba los 1,8 millones de personas.
Durante este periodo, la cuantía media de la prestación contributiva se incrementó un 24 %, pasando de 824 euros a 1.004 euros en 2025. Se trata del primer año en el que se supera la barrera de los 1.000 euros en toda la serie histórica. Este aumento responde tanto al crecimiento nominal de los salarios sobre los que se calcula la prestación como a cambios normativos que han elevado su importe, como la reducción del recorte aplicado tras los seis primeros meses de percepción.
En cambio, la duración media de las prestaciones apenas ha variado: en 2018 se situaba en 13,95 meses y en 2025 en 14,18 meses. El hecho de que las ayudas sean más elevadas, pero no se perciban durante más tiempo, sugiere que el perfil de los desempleados ha cambiado -proceden de empleos mejor remunerados-, pero no así la duración de los periodos cotizados que generan el derecho a la prestación.
De este modo, desde hace varios años las prestaciones por desempleo han evolucionado en sentido contrario a la tasa de paro, una tendencia que se acentuó tras la pandemia. A ello han contribuido tanto las reformas impulsadas por el Gobierno como otros factores estructurales, entre ellos el mayor peso del desempleo entre los mayores de 45 años, que acumulan más cotizaciones, el aumento de los despidos tras la reforma laboral y la expansión de la figura del trabajador fijo discontinuo.
Pedro Sánchez accedió al poder tras la moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018, pero no fue hasta el año siguiente, coincidiendo con un nuevo ciclo electoral, cuando comenzó a desplegar cambios relevantes en materia de prestaciones. La primera medida fue la recuperación del subsidio para mayores de 52 años en sus condiciones previas a la reforma de 2012, que había elevado la edad de acceso a 55 años y reducido del 125 % al 100 % el porcentaje de la base mínima de cotización asumido por el SEPE, además de endurecer los requisitos de acceso.
Esta reversión provocó un aumento del 20 % en el gasto en subsidios y un incremento del 8 % en el gasto total en prestaciones. A ello se sumaron la desaceleración en la creación de empleo y la elevada rotación laboral de la época, cuando nueve de cada diez contratos eran temporales. Esta elevada volatilidad explica que aumentaran tanto el gasto como el número de beneficiarios -que crecieron en 600.000 personas en 2019- sin que se produjera un aumento paralelo del desempleo. Aunque esta tendencia ya se había iniciado en el último año del Gobierno de Rajoy, el Ejecutivo socialista la interpretó como una "recuperación de derechos", en un contexto en el que la tasa de cobertura de las prestaciones alcanzó el 62,4 %.
La inestabilidad política también influyó en este escenario. Tras las elecciones de abril de 2019 y la repetición electoral en noviembre, Sánchez logró finalmente formar Gobierno con Unidas Podemos, comprometiéndose a revertir parte de las reformas laborales y de los recortes en prestaciones aprobados por el PP.
La irrupción de la pandemia alteró por completo la agenda y las cifras. El despliegue masivo de los ERTE y el pago de prestaciones a trabajadores que no pudieron acogerse a estos mecanismos elevaron el gasto hasta cerca de 36.400 millones de euros y el número de beneficiarios a 2,9 millones. En 2021 las cifras descendieron, aunque se mantuvieron en niveles excepcionalmente altos. No fue hasta 2022 cuando se produjo una normalización más clara, con un gasto de 20.786 millones y 1,76 millones de beneficiarios, el nivel más bajo desde la llegada de Sánchez al Gobierno.
Ese mismo año entró en vigor la nueva reforma laboral, que elevó el peso de la contratación indefinida del 10 % al 41 % del total, en un contexto de fuerte creación de empleo. Poco antes de un nuevo ciclo electoral, el Ejecutivo de coalición, con Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, impulsó un nuevo aumento de las prestaciones por desempleo.
Para ello, se derogó otro de los recortes introducidos en la prestación contributiva en 2012. Desde el 1 de enero de 2023, la cuantía a percibir tras los seis primeros meses pasó a calcularse sobre el 60 % de la base reguladora media, en lugar del 50 % anterior. Esta medida incrementó el gasto en un 7 % en 2023 y en torno a un 6 % en cada uno de los años siguientes. A partir de entonces, también comenzó a aumentar el número de beneficiarios de prestaciones y subsidios.
Este crecimiento responde a varios factores. Por un lado, las nuevas ayudas absorbieron perceptores de otras prestaciones, como la renta activa de inserción o los subsidios agrarios, que perdieron beneficiarios. Por otro, el aumento de los contratos indefinidos ha generado más despidos con acceso a prestación, compensando el descenso de los procedentes de contratos temporales.
Una parte relevante de estos nuevos beneficiarios son trabajadores fijos discontinuos, una modalidad caracterizada por alternar periodos de actividad e inactividad sin que se extinga la relación laboral. Durante los periodos sin trabajo, estos empleados pueden cobrar la prestación por desempleo si se inscriben como demandantes de empleo. Actualmente, más de 800.000 personas se encuentran en esta situación, aunque menos del 20 % percibe la prestación cada mes, lo que evidencia una elevada rotación también en el sistema de ayudas.
Este colectivo explica, además, el aumento de la tasa de cobertura de las prestaciones. En 2025, seis provincias cerraron el año con más personas cobrando el paro que desempleados con derecho a percibirlo -en algunos meses llegaron a ser nueve-, una situación que antes de la reforma solo se daba en Baleares, donde el uso de los fijos discontinuos es especialmente intenso. Como resultado, la tasa de cobertura alcanzó el 78,2 % el pasado año.
Ante este escenario, y tras las elecciones de 2023, en las que el PSOE sustituyó a Unidas Podemos por Sumar como socio de coalición, el Gobierno aprobó una reforma de los subsidios orientada a reforzar su papel como instrumento de acompañamiento en la búsqueda de empleo, diferenciándolos de una renta asistencial, función reservada al Ingreso Mínimo Vital.
La reforma incluyó un aumento de la cuantía inicial de los subsidios ordinarios, que se reduce progresivamente para incentivar la reincorporación al mercado laboral, así como mejoras en la compatibilidad entre salario y prestación, lo que ha vuelto a elevar el importe medio percibido. No obstante, el subsidio para mayores de 52 años no se modificó y continúa registrando cifras récord de beneficiarios, la mayoría de los cuales percibe esta ayuda hasta alcanzar la edad de jubilación.