(Expansión, 15-09-2026) | Laboral
El aumento del gasto en pensiones no es el único factor que está elevando la presión financiera sobre la Seguridad Social. El fuerte crecimiento de las prestaciones por incapacidad temporal, vinculadas a las bajas laborales, se ha convertido en otro de los elementos que están tensionando las cuentas del sistema. Según un estudio de Fedea, entre 2020 y 2025 el desembolso destinado a estas prestaciones aumentó en más de 6.500 millones de euros, hasta alcanzar los 18.413 millones en 2025. Una evolución especialmente significativa en un periodo en el que, además, la tasa de paro se ha reducido de forma considerable.
El informe elaborado por Octavio Granado, exsecretario de Estado de la Seguridad Social, pone de manifiesto que el gasto en incapacidad temporal no solo ha crecido en términos absolutos, sino también en relación con los ingresos obtenidos mediante las cotizaciones sociales. En 2025, las prestaciones por incapacidad temporal representaron el 10,4% de la recaudación procedente de las cuotas de empresarios y trabajadores, el porcentaje más elevado de toda la serie histórica. Esta proporción es medio punto superior a la registrada en 2020 y cuatro puntos mayor que la de hace quince años.
La intensidad del incremento resulta aún más evidente al comparar distintos periodos. Entre 2020 y 2025, el gasto en incapacidad temporal aumentó en unos 6.525 millones de euros, frente a los 5.155 millones en los que se incrementó durante la década anterior. El comportamiento de esta partida guarda, además, una relación inversa con la evolución del desempleo. Durante el periodo 2010-2015, cuando la tasa de paro superaba el 20%, el gasto permaneció relativamente estable, en niveles de entre 5.000 y 6.000 millones. En cambio, entre 2020 y 2025, coincidiendo con una reducción del desempleo desde el 16,1% hasta el 9,9%, el desembolso creció en más de 6.500 millones.
Fedea señala que esta relación entre empleo e incapacidad temporal se observa de forma generalizada en territorios, grupos de edad y sectores profesionales. El estudio apunta que, cuando disminuye el desempleo, aumenta el recurso a las bajas laborales, mientras que sucede lo contrario cuando el paro se eleva. Entre las posibles explicaciones se encuentra el diferente nivel de protección económica asociado a la prestación, especialmente en colectivos como los trabajadores autónomos, cuya base de cotización no siempre refleja el 100% de sus rendimientos y para los que el coste de abandonar temporalmente la actividad puede ser mayor.
El informe también recoge otra posible explicación vinculada al comportamiento de los trabajadores durante las etapas de mayor incertidumbre laboral. Cuando existe una elevada destrucción de empleo y mantener el puesto de trabajo adquiere una importancia mayor, determinados trabajadores pueden continuar desempeñando su actividad pese a encontrarse en un estado de salud deficiente. La mejora del mercado laboral y la mayor estabilidad del empleo pueden favorecer, por el contrario, que se haga un mayor uso de las prestaciones cuando realmente existe una situación que impide trabajar.
Ante este escenario, Fedea plantea distintas vías para contener el crecimiento de esta partida sin limitar la protección de los trabajadores. Una de ellas consiste en homogeneizar los criterios de cálculo de las prestaciones derivadas de contingencias comunes, contingencias profesionales, mutualismo administrativo y Seguridad Social, de manera que exista una tasa de reemplazo común para las distintas enfermedades.
Otra de las propuestas pasa por impulsar fórmulas de reincorporación progresiva al empleo mediante altas parciales. El objetivo sería permitir que determinados trabajadores puedan compatibilizar la recuperación de su estado de salud con una vuelta gradual a su puesto cuando la naturaleza de la enfermedad lo permita. El informe plantea comenzar esta experiencia en aquellos sectores en los que exista acuerdo entre las partes.
La salud mental constituye otro de los ámbitos sobre los que Fedea reclama una actuación específica. El aumento de las bajas relacionadas con trastornos psicológicos y el prolongado periodo de recuperación asociado a muchas de ellas hacen necesario, según el estudio, reforzar los mecanismos de seguimiento y rehabilitación. Entre las alternativas propuestas figura que las bajas de larga duración por este tipo de patologías sean sometidas a una supervisión especializada y que incorporen programas de rehabilitación, incluso mediante la colaboración con las mutuas cuando la capacidad de los servicios públicos resulte insuficiente.
El estudio propone asimismo reforzar el papel de las mutuas en el tratamiento de las patologías musculoesqueléticas, mediante acuerdos con los servicios de salud de las comunidades autónomas. A ello añade una revisión de los complementos salariales que numerosos convenios colectivos establecen durante las situaciones de incapacidad temporal. La propuesta consiste en establecer una sobrecotización para aquellas empresas y trabajadores cuyos convenios garanticen el mantenimiento íntegro del salario durante una baja, siempre que se constate un nivel de absentismo anormalmente elevado respecto de actividades comparables.
El objetivo sería evitar que determinados costes derivados de la negociación colectiva terminen trasladándose al conjunto de la Seguridad Social. Finalmente, Fedea plantea potenciar la adaptación de los puestos de trabajo y la recolocación de trabajadores frente a su salida definitiva del mercado laboral. Para ello propone extender a las enfermedades comunes mecanismos de adaptación que actualmente se utilizan principalmente ante accidentes laborales. En las microempresas, incluso se plantea sustituir determinadas situaciones de incapacidad permanente o bajas cronificadas por incentivos a la cotización destinados a facilitar la recolocación.
El crecimiento de la incapacidad temporal introduce así una nueva presión sobre las cuentas de la Seguridad Social en un momento en el que el sistema ya afronta un fuerte incremento del gasto en pensiones. El problema no se limita, por tanto, al número de pensionistas o al importe de las prestaciones de jubilación: la evolución del absentismo y de las bajas laborales se ha convertido también en un factor relevante para la sostenibilidad financiera del sistema. La reducción del desempleo, aunque positiva desde el punto de vista económico y laboral, está coincidiendo con un aumento de esta otra factura, lo que obliga a buscar fórmulas que permitan contener el gasto sin reducir la protección de quienes realmente necesitan abandonar temporalmente su actividad.