(El País, 21-05-2026) | Fiscal
El encarecimiento del petróleo acaba repercutiendo en toda la economía, aunque no siempre se refleje de forma inmediata en el precio que pagan los conductores en las gasolineras. Ese es el mensaje que ha lanzado este miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su última actualización sobre la crisis energética provocada por el cierre del golfo Pérsico, una zona estratégica por la que circula cerca del 20% del petróleo consumido a nivel mundial.
El organismo insiste, como ya hizo en abril, en que las ayudas públicas para abaratar los combustibles deben utilizarse únicamente en situaciones excepcionales. A su juicio, subvencionar carburantes, como ha ocurrido en España, puede terminar teniendo un efecto contraproducente al mantener elevada la demanda en un contexto de escasez, lo que acaba presionando aún más los precios y afectando al conjunto de la economía.
"El papel de la política fiscal puede ser importante, pero las medidas deben ser temporales, selectivas y adaptadas a cada situación", señala el FMI en su informe. Aunque no menciona países concretos, uno de los ejemplos más evidentes es España. Entre abril y junio, el Gobierno dejó de ingresar más de 1.000 millones de euros tras reducir el IVA de los carburantes del 21% al 10% y rebajar el impuesto especial sobre hidrocarburos, medidas aprobadas a finales de marzo para contener el precio de los combustibles.
Sin embargo, el impacto sobre el precio final fue limitado y, apenas unas semanas después, el efecto de la rebaja fiscal prácticamente había desaparecido en el caso del gasóleo. Además, la Comisión Europea advirtió posteriormente a España de que la reducción del IVA incumplía la normativa comunitaria, que no permite aplicar tipos reducidos a los carburantes, aunque sí consideró válido el ajuste en el impuesto especial. Para el FMI, este caso demuestra que las medidas mal diseñadas pueden resultar muy costosas para las cuentas públicas y complicadas de revertir. Además, advierte de que pueden alimentar la inflación, deteriorar la situación fiscal de los países e incluso contribuir a elevar aún más los precios internacionales de la energía.
El organismo sostiene que las subvenciones energéticas generan distorsiones en el mercado y terminan beneficiando en mayor medida a las rentas más altas, ya que son los hogares con más consumo energético los que obtienen una mayor ventaja. Lo mismo ocurre, según el Fondo, con otras medidas generalizadas como los topes de precios, que además suelen ser difíciles de retirar una vez implantadas.
El FMI recuerda que estas situaciones ya se están produciendo en distintos países. Indonesia, por ejemplo, ha ampliado sus subsidios a los carburantes tras la crisis del golfo Pérsico, pese a que experiencias anteriores demostraron su escasa eficacia y generaron importantes tensiones sociales cuando el Gobierno intentó reducirlos. Argentina es otro ejemplo citado por el organismo, que atribuye parte de sus desequilibrios fiscales a décadas de subvenciones masivas a la energía, incluidas las tarifas eléctricas.
El Fondo considera que este tipo de ayudas solo deberían aplicarse en circunstancias extremas, como cuando el incremento de los costes energéticos amenaza con trasladarse rápidamente al conjunto de la economía o cuando las finanzas públicas tienen capacidad suficiente para absorber el impacto. Aun así, reconoce que evaluar estas condiciones en tiempo real resulta complejo y recuerda que los controles generalizados de precios suelen tener efectos secundarios importantes.
Aunque admite que no existe una fórmula universal para afrontar una crisis energética, ya que cada país presenta características diferentes según su dependencia de los combustibles fósiles o su margen presupuestario, el FMI insiste en que las primeras medidas deben dirigirse a proteger a los colectivos más vulnerables. Según el organismo, los hogares con menos ingresos destinan proporcionalmente mucho más dinero a energía y alimentación y cuentan además con menos capacidad de ahorro, por lo que son los más expuestos a una escalada de precios. Para protegerlos y evitar un aumento de la pobreza y de la tensión social, recomienda priorizar las transferencias directas y focalizadas.
El Fondo también considera que las primeras respuestas para empresas y pequeños negocios deberían centrarse en medidas temporales de liquidez, como créditos avalados por el Estado, líneas de financiación o aplazamientos fiscales y de cotizaciones sociales. Estas herramientas, sostiene, son menos costosas para las arcas públicas y más fáciles de retirar que las subvenciones directas o las inyecciones de capital, que suelen generar mayores dificultades políticas y presupuestarias a largo plazo. En definitiva, el FMI defiende que cualquier respuesta frente a una crisis energética debe ser limitada en el tiempo y diseñada para evitar que las ayudas temporales se conviertan en gastos estructurales permanentes.