(El País, 24-12-2025) | Laboral
La ratificación en el Congreso del nuevo decreto aprobado por el Gobierno, que prorroga varias medidas incluidas en el denominado escudo social, está lejos de estar garantizada. Los grupos de la derecha parlamentaria -PP, PNV y Junts-, a los que previsiblemente se sumará Vox, no han confirmado su apoyo y vuelven a criticar que el Ejecutivo agrupe en un mismo texto asuntos como la revalorización de las pensiones junto a otras medidas que, a su juicio, deberían negociarse de forma separada. El decreto deberá someterse a votación en el Parlamento en el plazo de un mes. Por el contrario, los socios de izquierda sí respaldan el acuerdo alcanzado entre los partidos de la coalición, PSOE y Sumar, con EH Bildu.
El escenario recuerda mucho al de hace un año, cuando el Gobierno presentó en el Congreso un decreto similar que incluía la actualización de las pensiones junto a distintas medidas de protección social y ayudas al transporte público. En aquella ocasión, Junts lo rechazó inicialmente junto al PP y Vox, para acabar apoyándolo días después tras introducirse algunos cambios. El nuevo decreto mantiene medidas como la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos -luz, agua y gas- y la prórroga del bono social eléctrico.
El Ejecutivo debe remitir este macrodecreto, que combina el escudo social con la subida de las pensiones aprobada este martes en el último Consejo de Ministros del año, al Congreso en el plazo de un mes hábil. Por ello, deberá cerrar apoyos antes de que finalice enero, con la intención de que pueda ser convalidado al retomarse la actividad parlamentaria ordinaria. De momento, esos respaldos no están asegurados. Las conversaciones con los distintos grupos las vuelve a liderar el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Desde el Gobierno insisten en que su intención es incluir todas las medidas en un único decreto y aseguran estar encontrando una "buena disposición" entre sus socios. El primer acuerdo en este sentido se cerró el lunes con EH Bildu, lo que ha provocado críticas del PP, que cuestiona que el Ejecutivo exhiba acuerdos con esa formación mientras solicita el apoyo de otros grupos. Así lo expresó la portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz. Al PNV tampoco le ha sentado bien, una vez más, que el Gobierno priorice el entendimiento con Bildu, con quien compite electoralmente en el País Vasco.
El PNV ya señaló el lunes, tras conocerse el pacto entre el Ejecutivo y Bildu, que además de medidas para frenar los desahucios de personas vulnerables reclamaba otras destinadas a proteger a los pequeños propietarios que solo disponen de una vivienda en alquiler. Fuentes del partido subrayan también su rechazo a que se mezcle la subida de las pensiones con el escudo social y defienden que el paquete de ayudas incluya mayores garantías para los arrendadores. En esta línea, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, recordó que "la responsabilidad de ofrecer una alternativa habitacional a las personas vulnerables corresponde al Estado". En definitiva, los nacionalistas vascos esperan conocer la respuesta del Gobierno antes de confirmar lo que, a priori, podría ser un voto favorable.
El PP, por su parte, lleva tiempo advirtiendo de su desconfianza hacia los macrodecretos que agrupan múltiples materias. Aunque en principio estaría dispuesto a respaldar la revalorización de las pensiones -que podría suponer subidas de entre el 7% y el 11% en las mínimas-, mantiene su voto en suspenso hasta analizar el contenido completo del texto. Muñoz insinuó este martes, vinculándolo al mal resultado electoral del PSOE en Extremadura, que el Ejecutivo debería reflexionar sobre con qué socios saca adelante determinadas iniciativas, en alusión a Bildu.
Con este panorama, y dado que los socios de izquierda vienen reclamando desde hace tiempo medidas "ambiciosas y progresistas" en favor de las familias más vulnerables como condición para sostener la legislatura, la convalidación del decreto vuelve a depender de los siete escaños de Junts. La formación catalana mantiene por ahora su posición abierta, a la espera de más información. Fuentes del partido se limitan a señalar que su postura se decidirá durante el debate parlamentario y cuando el decreto llegue a votación.
Hace un año, el Gobierno afrontó una situación muy similar con un decreto ómnibus comparable. Tras una negociación intensa, Junts llegó incluso a forzar un retraso de varias horas en el Consejo de Ministros, mientras los miembros del Ejecutivo aguardaban en una sala contigua. Finalmente, el presidente Pedro Sánchez accedió a tramitar inicialmente la iniciativa sobre la cuestión de confianza que reclamaban los independentistas -que después fue retirada- y aceptó dividir el macrodecreto en dos: uno centrado en las medidas sociales, incluida la subida de las pensiones, y otro con disposiciones económicas. Ahora, todo apunta a que el Ejecutivo podría verse abocado a recorrer un camino similar.