(La Vanguardia, 12-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Las cámaras de comercio, organizaciones empresariales y entidades como Fira de Barcelona (de carácter público-privado) o el RACC han salido públicamente en defensa de Banco Sabadell. Estas agrupaciones, que representan a buena parte del tejido empresarial catalán, han enviado una carta conjunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitándole que intervenga para frenar la opa lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell. En el documento, al que ha tenido acceso Expansión, apelan a motivos de "interés general" que, en su opinión, justificarían la intervención gubernamental para impedir la operación.
Según fuentes cercanas al proceso, la iniciativa ha sido impulsada principalmente por la Cámara de Comercio de Barcelona y el Consejo de Cámaras de Cataluña. El texto ha sido respaldado por los presidentes de diversas entidades firmantes, entre ellas las patronales Pimec, Foment del Treball y Cecot, además de asociaciones como Femcat, Barcelona Global, la sección de autónomos de Pimec, el Colegio de Economistas de Cataluña, el RACC y Fira de Barcelona -consorcio en el que participan el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la propia Cámara.
Aunque de manera indirecta, el Govern que preside Salvador Illa también expresa su desacuerdo con la opa, en línea con las declaraciones del president, quien recientemente manifestó tener "muchos motivos" para oponerse a la integración y reconoció estar realizando gestiones discretas al respecto.
En un comunicado conjunto, las entidades firmantes explican que han remitido su carta a La Moncloa e instan a una participación masiva en la consulta pública puesta en marcha por el Gobierno, mecanismo que se utilizará para fundamentar su decisión final sobre la autorización o el bloqueo de la opa.
Esta consulta fue anunciada por Pedro Sánchez durante la apertura de la reunión anual del Círculo de Economía, foro que agrupa a líderes empresariales y académicos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, detalló al día siguiente que la consulta arrancaría de inmediato y concluiría el 10 de mayo, mientras que la decisión definitiva del Ejecutivo se conocería antes del 27 de mayo.
Aunque la consulta pública está prevista por la legislación sobre competencia, es la primera vez que se aplica este mecanismo en una operación de estas características. Las entidades empresariales valoran positivamente esta acción del Ejecutivo y consideran fundamental que su resolución refleje la opinión de la ciudadanía, dada la importancia del caso para la economía nacional.
Entre los argumentos que esgrimen para oponerse a la operación destacan la posible pérdida de entre 54.000 y 70.000 millones de euros en financiación para pequeñas y medianas empresas, el profundo vínculo de Banco Sabadell con el tejido industrial catalán y la necesidad de conservar su identidad y rol propio, que consideran insustituible.
Asimismo, muestran escepticismo ante compromisos anunciados por BBVA, como el establecimiento de una doble sede en Madrid y Cataluña, calificándolos de gestos meramente simbólicos, sin valor real, y citan como ejemplos lo ocurrido en Santander y Bilbao con entidades bancarias históricas.
Finalmente, advierten que esta fusión no solo debe ser evaluada desde una perspectiva financiera o de competencia, como han hecho hasta ahora el Banco Central Europeo y la CNMC, sino que también debe tenerse en cuenta su impacto sobre el empleo, el cierre de oficinas, el acceso a servicios bancarios y, en última instancia, sobre la generación de riqueza y renta.
Esta postura del empresariado catalán coincide con la de buena parte del espectro político de la región. La opa ha sido rechazada por el Govern del PSC, así como por el PP catalán, Junts y ERC. Esta última formación ha llevado incluso una iniciativa legislativa al Parlament para intentar detener la operación.