(El País, 23-03-2026) | Fiscal
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes, tras un Consejo de Ministros extraordinario, un conjunto de medidas destinadas a mitigar el impacto económico derivado de la ofensiva militar que desde hace un mes llevan a cabo Estados Unidos e Israel contra Irán. Con el objetivo de asegurar la aprobación de iniciativas orientadas a frenar el aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto en Oriente Medio, el Ejecutivo ha optado por agruparlas en un único real decreto que incluye diversas actuaciones fiscales. Las medidas relacionadas con la vivienda se tramitarán por separado en otro decreto, después de que Sumar presionara para incorporar una prórroga de los alquileres. En total, ambos textos reúnen 80 iniciativas y movilizarán 5.000 millones de euros. La mayoría estarán vigentes hasta el 30 de junio, aunque su duración podría ampliarse en función de la evolución del conflicto.
Entre las decisiones adoptadas figura la reducción de impuestos sobre la electricidad para abaratar la factura energética de hogares y empresas. El IVA pasa del 21% al 10%, y el impuesto especial sobre la electricidad se rebaja hasta el 0,5%. También se suspende de forma temporal el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, que grava con un 7% a las compañías generadoras. Aunque no lo abonan directamente los consumidores, suele repercutir en el precio final, por lo que se busca reducir el coste de generación.
En cuanto a los combustibles, el IVA del diésel y la gasolina se reduce igualmente al 10%, con la intención de compensar el encarecimiento registrado desde el inicio de la guerra. Esta rebaja se aplica también al gas natural, los pellets y la leña, combustibles habituales en numerosos hogares, especialmente en entornos rurales. Se establece además una ayuda directa de 20 céntimos por litro de carburante destinada a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, sectores especialmente afectados por el aumento del gasóleo.
A estas medidas se suma una rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea, con el fin de contener aún más los precios. El Gobierno también fija un límite al precio de la bombona de butano, que no podrá superar los 16,35 euros, y establece un tope aproximado para el propano cercano a los 12 euros.
En el ámbito social, se refuerza el bono eléctrico hasta diciembre de 2026, manteniendo descuentos del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para los más afectados. Además, se prohíbe cortar suministros básicos en estos hogares. Las industrias con un alto consumo eléctrico recibirán una bonificación del 80% en determinados costes, lo que permitirá reducir significativamente sus gastos y mejorar su competitividad internacional.
También se introducen medidas para flexibilizar los contratos energéticos de empresas y autónomos, facilitando su modificación según las necesidades. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará con mayores competencias para supervisar el cumplimiento de estas medidas y sancionar posibles abusos. El plan incluye además incentivos fiscales en el IRPF para fomentar la instalación de energías renovables, como placas solares o sistemas de climatización eficientes.
En el ámbito laboral, no se activan por ahora mecanismos amplios como los ERTE, aunque sí se incorporan dos medidas específicas. Por un lado, se prohíbe el despido por causas relacionadas con la crisis energética en empresas que reciban ayudas públicas. Por otro, se adelanta la obligación de implantar planes de movilidad sostenible en empresas de cierto tamaño, fijando como fecha límite el 5 de diciembre de 2026.
Asimismo, se plantea limitar los márgenes empresariales para evitar subidas injustificadas de precios en el contexto de la crisis.
Por último, en un decreto independiente centrado en la vivienda, se aprueba la congelación durante dos años de los alquileres que finalicen en 2026. En estos casos, al renovar el contrato, el precio deberá mantenerse sin incrementos más allá de la actualización anual vinculada al IPC.