(El Economista, 19-11-2025) | Fiscal
El Gobierno ha decidido reforzar la normativa del juego para combatir posibles fraudes, poniendo fin al uso de métodos de pago anónimos. Los cambios introducidos obligarán a los jugadores a utilizar únicamente medios de pago que estén a su nombre y sean de su propiedad. De forma paralela, las empresas del sector solo podrán aceptar "medios de pago nominativos y cuyo titular sea el participante".
Las compañías deberán verificar que las tarjetas bancarias, transferencias, monederos electrónicos o pagos mediante móvil pertenecen realmente a quien juega. El objetivo es evitar, entre otros problemas, casos de suplantación de identidad que a menudo salen a la luz cuando Hacienda atribuye al contribuyente suplantado el pago del IRPF correspondiente.
Una vez que la modificación legislativa entre en vigor, los jugadores dispondrán de un plazo de seis meses para registrar los métodos de pago de los que sean titulares. Durante este periodo podrán seguir jugando, pero no podrán retirar sus premios hasta completar la identificación. Si transcurren los seis meses sin cumplir con esta obligación, las empresas deberán cancelar el contrato y devolver tanto los saldos acumulados como los premios pendientes, aunque esto no impedirá que la Administración investigue posibles delitos de fraude.
El Ejecutivo ha incorporado estas medidas a la ley que regula los servicios de atención al cliente, aprobada por el Congreso el 13 de noviembre y actualmente en trámite en el Senado. Los cambios obedecen, en parte, a la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de abril de 2024, que anuló varios artículos del Real Decreto de 2020 sobre publicidad del juego por carecer de respaldo legal. Ahora, el Gobierno introduce directamente las modificaciones en una ley. Las novedades se dividen en dos bloques: publicidad y control del juego.
En materia de control, se exigirá a los operadores que las cuentas bancarias donde los usuarios ingresen o retiren fondos estén radicadas en España. Además, se creará el Registro de Proveedores de Juego, en el que deberán inscribirse obligatoriamente todas las empresas que quieran ofrecer apuestas o juegos de azar en el país. Únicamente se homologarán en España los sistemas y programas informáticos inscritos previamente en dicho registro.
Las compañías que operen sin autorización en territorio español incurrirán en una infracción grave, sancionada con multas de entre 100.000 euros y 1 millón, así como con la suspensión de su actividad durante un máximo de seis meses. Tendrán seis meses para adaptarse desde la entrada en vigor de la ley.
El texto también prevé un nuevo reglamento para regular límites y prohibiciones en publicidad. El Gobierno quiere impedir que se envíen promociones a usuarios que no hayan dado su consentimiento. Asimismo, solo se podrán enviar ofertas a jugadores con una cuenta activa desde hace al menos 30 días y que hayan sido verificados documentalmente.
La normativa permitirá vetar la participación de personas famosas o influencers en anuncios de juegos de azar y apuestas, así como restringir la difusión de promociones en plataformas como YouTube, Twitch o redes sociales si no cuentan con mecanismos eficaces para evitar que lleguen a menores. También se impondrán límites a los patrocinios y a la colocación de publicidad en eventos deportivos sujetos a apuestas o loterías.