(El Economista, 14-05-2024) | Fiscal
El déficit público estructural ha aumentado seis décimas en los últimos cuatro años y cerró el año 2023 en torno al 3,7% del PIB, según datos del Banco de España. Esto lo aleja aún más del límite del 1,5% que exigirán las normas europeas en los próximos años. A pesar del impulso económico, España continúa enfrentando un desequilibrio fiscal estructural (independiente del ciclo económico) que requerirá medidas de ajuste extraordinarias en los presupuestos para 2025, los cuales el Gobierno ya está elaborando. Las advertencias no han sido pocas. La OCDE emitió recientemente una serie de recomendaciones para mejorar la estabilidad de las cuentas públicas, sugiriendo aumentar los ingresos a través de incrementos en el IVA y los impuestos ambientales, así como mejorar la eficiencia del gasto. Antes de septiembre, el Gobierno debe presentar ante la Comisión Europea un plan creíble que asegure el control del gasto, en línea con las exigencias europeas.
La normativa fiscal de la Unión Europea requiere que los países realicen ajustes presupuestarios suficientes para reducir el déficit estructural al 1,5% del PIB. Según el Ministerio de Economía, el esfuerzo fiscal acumulado desde 2022 permitirá que en 2025 el saldo estructural primario sea superavitario. Se espera un fuerte recorte en el saldo estructural para este año, estimando que caerá al 2,8% en 2024, ocho décimas menos que en 2023. Sin embargo, el escenario inicial no es favorable. La pandemia y la crisis de la inflación han reducido el margen para recortar el déficit estructural. El aumento significativo del gasto a partir de 2020 ha mantenido este déficit en torno al 3,5%, lejos de la tendencia descendente observada en 2018, cuando cerró cerca del 2%.
A pesar de ello, el calendario europeo exige planes a medio y largo plazo. El Banco de España señala que el nuevo marco fiscal europeo requiere una reducción anual promedio del déficit estructural de alrededor de 0,5 puntos porcentuales del PIB potencial durante un período de siete años, comenzando en 2025. Para ese año, se prevé que el déficit estructural se sitúe en el 2,5%. Si se aplica esta estrategia de ajuste, se espera que la ratio de deuda pública comience a disminuir en los próximos años, situándose en torno al 80% del PIB en 2040.
La estrategia fiscal que el Gobierno presente a Bruselas en septiembre será crucial. El Banco de España sugiere que este plan de consolidación fiscal se base en un marco macroeconómico prudente y detalle medidas de ingresos y gastos para sanear gradualmente las cuentas públicas. Además, el Banco de España y otras entidades han instado al Gobierno a involucrar a todas las administraciones en el proceso de consolidación fiscal y a buscar consensos económicos, políticos y sociales. Aunque el Ministerio de Economía no contempla un ajuste de gasto en su plan, no descarta abordar el desequilibrio desde el lado de los ingresos, incluyendo posibles subidas de impuestos en los presupuestos para 2025.