(El Economista, 17-07-2026) | Laboral
El incremento de las bajas laborales por incapacidad temporal se ha convertido en una de las principales preocupaciones del tejido empresarial español. La CEOE ha situado esta cuestión entre sus prioridades y reclama medidas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para contener un fenómeno que sigue elevando tanto los costes empresariales como el gasto público.
Según el último informe sobre negociación colectiva elaborado por la patronal, el coste directo que asumen las empresas por las bajas derivadas de contingencias comunes -enfermedades o accidentes no relacionados con el trabajo- aumentó un 8% en los cuatro primeros meses de 2026, superando ya los 3.000 millones de euros, de acuerdo con los datos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
La legislación vigente obliga a las empresas a abonar el 60% del salario del trabajador entre los días 4 y 15 de la baja. Sin embargo, muchos convenios colectivos amplían esta cobertura hasta el 100% del salario e incluso incluyen el pago de los tres primeros días de incapacidad. Buena parte de estos acuerdos se negociaron hace años y numerosas organizaciones empresariales consideran ahora necesario revisar estos complementos ante el fuerte incremento del absentismo y del coste asociado.
Los sindicatos, por su parte, rechazan modificar estas condiciones. Argumentan que dichos complementos fueron pactados en su momento a cambio de renunciar a mejoras salariales o a otras reivindicaciones laborales, por lo que consideran que forman parte de la protección que debe garantizarse a los trabajadores durante una enfermedad.
El absentismo comenzó a intensificarse tras la pandemia, impulsado especialmente por el aumento de las bajas relacionadas con la salud mental, la saturación del sistema sanitario y el alargamiento de los tiempos de recuperación. No obstante, los datos de 2026 muestran una evolución llamativa: aunque el número de procesos iniciados ha disminuido, el gasto continúa creciendo.
Hasta abril de 2026 se registraron 2,05 millones de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, cerca de un 10% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 2,28 millones. Asimismo, la incidencia media entre los trabajadores protegidos por las mutuas descendió desde 35,92 hasta 31,7 procesos por cada 1.000 trabajadores.
Pese a ello, el coste total de estas prestaciones aumentó un 8,23%, alcanzando los 7.171,9 millones de euros, al sumar tanto la parte asumida por las empresas como la abonada por las mutuas en nombre de la Seguridad Social. Este incremento refleja que las bajas son cada vez más largas y, por tanto, más costosas.
La presión también se traslada a las cuentas públicas. Las previsiones del sector de las mutuas apuntan a que la Seguridad Social destinará alrededor de 20.000 millones de euros en 2026 al pago de prestaciones por incapacidad temporal, consolidando una tendencia de crecimiento ininterrumpido durante los últimos años.
Los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social muestran que el gasto siguió aumentando durante los primeros meses del año, mientras que las mutuas prevén un incremento superior al 8% al cierre del ejercicio, impulsado principalmente por las bajas derivadas de contingencias comunes.
En esta misma línea, la AIReF ha advertido de que la incidencia de estas bajas aumentó un 60% entre 2017 y 2024, al tiempo que también se ha prolongado la duración media de los procesos, especialmente en los casos vinculados a trastornos de salud mental y lesiones musculoesqueléticas, que concentran buena parte del gasto.
El diseño actual del sistema también influye en la evolución del coste. Mientras que durante los primeros días de incapacidad el trabajador percibe el 60% de la base reguladora, a partir del día 21 la prestación asciende al 75%, incrementando el desembolso que soportan la Seguridad Social y las mutuas en los procesos de larga duración.
En 2025, las prestaciones por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes supusieron un gasto superior a 16.800 millones de euros, un 12% más que el año anterior. Las previsiones del sector apuntan a que esta cifra volverá a aumentar en 2026, superando los 18.000 millones de euros en contingencias comunes y acercando el coste total de las prestaciones por incapacidad temporal, incluidas las contingencias profesionales, a los 20.000 millones de euros.