(Expansión, 27-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Parlamento ha dado luz verde a la subida del 2,7% de las pensiones, pero ha vuelto a tumbar el nuevo decreto ómnibus de medidas sociales con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. Después de separar en una norma independiente la actualización de las pensiones para asegurar su aprobación, el Gobierno ha sufrido este jueves un nuevo revés al no lograr el respaldo necesario para convalidar el Real Decreto-ley ómnibus con el que pretendía reactivar el resto del denominado escudo social, junto a un conjunto diverso de iniciativas que ya habían sido rechazadas hace un mes en el Congreso. Esta nueva derrota parlamentaria deja sin efecto medidas como la paralización de desahucios, la ampliación del bono social eléctrico, 7.000 millones de euros en financiación territorial, la continuidad del sistema de módulos para autónomos o distintas deducciones fiscales por rehabilitación de vivienda y compra de vehículos eléctricos, entre otras.
Un total de 177 diputados de PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra del Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, relativo a medidas urgentes en materia de vulnerabilidad social, fiscalidad y financiación autonómica, frente a 172 votos a favor y una abstención. En cambio, la Cámara Baja sí ha aprobado la revalorización de las pensiones del 2,7%, con 317 votos favorables y 33 en contra, después de que inicialmente decayese al formar parte del paquete ahora rechazado.
Entre los motivos esgrimidos por los grupos que se han opuesto destaca el intento del Ejecutivo de ampliar nuevamente la suspensión de desahucios de familias vulnerables, una medida en vigor desde 2020 con motivo de la pandemia. Según explicó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el decreto contemplaba prolongar hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de lanzamientos y procedimientos de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, tanto por impago del alquiler -con compensación al propietario- como por finalización del contrato cuando el arrendador fuese titular de al menos tres viviendas.
Tras el primer rechazo, el Gobierno introdujo cambios pactados con el PNV para excluir a pequeños propietarios con hasta dos inmuebles. Sin embargo, la modificación no logró recabar apoyos suficientes: Junts mantuvo sus críticas por considerar insuficientes las medidas frente a la ocupación ilegal, mientras que Podemos censuró el acuerdo con dureza.
El decreto también incluía la prórroga del bono social eléctrico hasta final de año, con descuentos del 42% para consumidores vulnerables y del 57,5% para los más vulnerables, así como la prohibición de cortar el suministro de agua, gas y electricidad a estos colectivos. Además, pretendía mantener la limitación a los despidos en empresas que recibieran ayudas públicas y alegaran el aumento de los costes energéticos derivados de la guerra en Ucrania.
El rechazo parlamentario supone asimismo la caída de un conjunto de incentivos fiscales, entre ellos deducciones por la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, beneficios por inversiones sostenibles, rebajas en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y ayudas tributarias para los afectados por la dana que golpeó Valencia en octubre de 2024.
En materia de financiación autonómica y local, el texto contemplaba actualizar las entregas a cuenta ante la prórroga presupuestaria, con 3.000 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas y 3.800 millones más para ayuntamientos y entes públicos. También autorizaba a la Comunidad Valenciana a realizar emisiones extraordinarias de deuda para afrontar los costes derivados de la dana. Todas estas medidas quedan ahora sin efecto.
Por último, la derogación del decreto impide mantener la prórroga del régimen simplificado de tributación por módulos, del que se benefician alrededor de 1,2 millones de trabajadores autónomos en España.