(Expansión, 17-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno no ha logrado reunir en el Congreso los votos necesarios para convalidar el real decreto-ley aprobado a finales de agosto, una situación que podría tener consecuencias sobre una parte del último desembolso de los fondos europeos. La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 25 de agosto, incluía la regulación de los grupos de interés y pretendía garantizar el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por España ante Bruselas.
La oposición de PP, Vox y Junts ha provocado que el Ejecutivo tenga que asumir el incumplimiento de este hito y revisar sus expectativas respecto al último pago de los fondos europeos, cuyo importe total asciende a 26.000 millones de euros. Aplicando de forma orientativa la metodología de la Comisión Europea para calcular las reducciones asociadas a compromisos no cumplidos, España podría afrontar una merma de hasta 1.500 millones de euros. No obstante, fuentes del Gobierno apuntan a que el impacto final podría ser inferior, ya que el mecanismo contempla ajustes en función de la relevancia del objetivo incumplido.
La votación también supone que deja de estar vigente la regulación de los grupos de interés incluida en el decreto. Antes de la votación, el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, había intentado recabar apoyos parlamentarios ofreciendo revisar el texto antes de octubre y estudiar la posibilidad de excluir del registro a las organizaciones empresariales y sindicales.
La propuesta no consiguió modificar la posición del Partido Popular. Su portavoz, Edurne Uriarte, defendió que rechazar el real decreto no equivalía a oponerse a una regulación de los grupos de interés y cuestionó la necesidad de aprobarla mediante un decreto-ley. El PP planteó continuar con la tramitación del proyecto de ley remitido al Congreso en 2025, cuya aprobación atribuye a la falta de iniciativa del Ejecutivo.
Con el rechazo parlamentario, también queda sin efecto el registro estatal de grupos de interés que había comenzado a funcionar apenas una semana antes. La regulación obligaba a inscribirse a las entidades que mantuvieran contactos con representantes políticos o altos cargos de la Administración General del Estado. Durante los primeros días de funcionamiento habían presentado solicitudes varias compañías de relevancia, entre ellas Renault, Tesla, Enagás, Danone, Exolum, Feníe Energía y HP.
La regulación de los grupos de interés ha generado posiciones enfrentadas entre los distintos sectores implicados. Las organizaciones empresariales y sindicales se han mostrado especialmente críticas con la obligación de inscribirse en el registro. Los sindicatos consideran que incluir a los agentes sociales supone no tener en cuenta las funciones de representación que tienen reconocidas constitucionalmente. Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, había anunciado que la organización empresarial interrumpiría sus contactos con el Gobierno hasta conocer el resultado de la votación.
Las grandes empresas del Ibex 35 tampoco habían manifestado públicamente una oposición general al decreto, aunque el hecho de que ninguna se hubiera registrado durante su primera semana de vigencia fue interpretado como una señal de rechazo a la nueva regulación.
Desde el sector profesional dedicado a las relaciones institucionales, la valoración ha sido diferente. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (Apri) considera que la derogación supone perder una oportunidad para dotar de mayor transparencia y seguridad jurídica a las relaciones entre el sector privado y las administraciones públicas. Su presidente, Carlos Parry, ha defendido la necesidad de que España disponga de una regulación estatal estable y ha reclamado que se reanude cuanto antes la negociación para alcanzar una norma con un respaldo parlamentario amplio.
La asociación sostiene además que el decreto ahora derogado incorporaba buena parte de las propuestas planteadas por los grupos parlamentarios y se ajustaba a los estándares europeos. Entre sus elementos figuraban la gestión del registro por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la posibilidad de interoperabilidad con los registros de grupos de interés que ya funcionan en determinadas comunidades autónomas y ayuntamientos.