(Expansión, 16-09-2025) | Laboral
La Comisión de Hacienda y Función Pública debatirá hoy la incorporación de enmiendas que plantean ampliar la edad de jubilación forzosa de los empleados públicos y permitir la jubilación parcial en condiciones similares a las del sector privado. Las modificaciones a la ley de Función Pública se encuentran en una fase decisiva: la ponencia encargada de ordenar e integrar las propuestas de los distintos grupos políticos elaborará un texto conjunto que, posteriormente, deberá ser aprobado por la Comisión, donde tienen representación todas las formaciones.
Entre las enmiendas que se incorporarán al articulado, destacan dos presentadas por el PSOE. La primera propone aumentar la edad de retiro obligatorio de los funcionarios, pasando de los 70 a los 72 años. La segunda abre la puerta a que los empleados públicos puedan acceder a la jubilación parcial, combinando una reducción de jornada con el cobro de una parte de la pensión, una opción ya regulada y mejorada en el ámbito privado tras la última reforma de la Seguridad Social, pero aún no disponible para el personal de las Administraciones Públicas.
En concreto, la propuesta socialista establece que los funcionarios que tengan una edad hasta tres años inferior a la de jubilación ordinaria y reduzcan su jornada entre un 25% y un 75% puedan acogerse a esta modalidad, siempre que exista sustitución por otro trabajador. Si la jubilación parcial se adelanta más de dos años respecto a la edad de retiro obligatorio, durante el primer año la jornada deberá reducirse entre un 20% y un 33%.
Respecto a la jubilación forzosa, la enmienda plantea que los funcionarios puedan solicitar entre tres y cuatro meses antes de cumplir la edad de retiro obligatorio la prórroga de su permanencia en activo. Estas extensiones se concederán por periodos de un año, prorrogables hasta un máximo de 72 años. En caso de no existir resolución expresa, la prórroga se entenderá aprobada.
Para que estas medidas prosperen, el PSOE necesitará recabar apoyos suficientes entre sus socios parlamentarios. Superada la fase de ponencia, el texto será analizado en la Comisión de Hacienda y Función Pública y, posteriormente, elevado al Pleno del Congreso antes de pasar al Senado para continuar su tramitación.
Paralelamente, el Congreso debatirá una iniciativa de Esquerra Republicana (ERC) en la Comisión de Trabajo. La formación solicita que se permita la jubilación anticipada a los empleados de la industria química y del refino, al considerar que las condiciones de estos sectores conllevan graves riesgos para la salud y aceleran el desgaste físico, mental y social de sus trabajadores.
ERC argumenta que existen estudios nacionales e internacionales que justifican aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación a este colectivo, tal como ya ocurre en otras profesiones calificadas como especialmente penosas, tóxicas o peligrosas. Aunque la legislación española ya contempla este mecanismo para determinados sectores, el partido denuncia que la industria química y del refino, pese a cumplir con los criterios, todavía no ha sido incluida entre los beneficiarios.