(Expansión, 25-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Congreso ha decidido aplazar por dos semanas el análisis de la reforma legal impulsada por Junts y pactada con el PSOE, que pretende imponer a grandes empresas y proveedores de servicios la obligación de ofrecer atención al cliente en las lenguas cooficiales del Estado. Esta medida ha generado una fuerte oposición por parte de la patronal CEOE, que la ha calificado de "barbaridad" y la considera un atentado contra la "libertad de empresa".
La propuesta se integrará en la futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela, actualmente en fase de elaboración por parte de la ponencia que trabaja en la comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso.
Junts logró incluir esta exigencia lingüística en la ley durante la fase de enmiendas, gracias a un acuerdo con el PSOE. Este martes, la ponencia se reunió a puerta cerrada para comenzar el análisis de las más de 200 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Sin embargo, no hubo tiempo suficiente para debatirlas todas, por lo que el tratamiento de las relativas a las lenguas cooficiales se ha postergado hasta la semana del 8 de octubre.
Mientras se define el texto final de la ley, PSOE y Junts mantienen discursos diferentes sobre el alcance de la medida. Desde Junts insisten en que la obligación afectará a todas las empresas que facturen más de 50 millones de euros, tengan más de 250 empleados y operen en sectores como la energía o el entretenimiento digital, independientemente de la comunidad autónoma en la que estén establecidas.
Por el contrario, la portavoz del PSOE en la comisión, Noelia Cobo, aseguró que la norma solo se aplicará en aquellas comunidades con lenguas cooficiales reconocidas en sus estatutos de autonomía, y no a nivel nacional. Subrayó que el PSOE mantendrá esa postura. En la misma línea se expresó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy (Sumar).