(Expansión, 04-02-2025) | Laboral
El Gobierno ha activado el proceso legislativo con el objetivo de aprobar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales antes de que termine el año. La vicepresidenta Yolanda Díaz pretende que esta reducción sea incorporada en los convenios colectivos antes del 31 de diciembre. No obstante, el avance de las negociaciones entre empresas y sindicatos dependerá del tiempo que tome el trámite parlamentario hasta su aprobación final. Como primer paso, el Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de ley que modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para establecer el nuevo límite de horas semanales. Se seguirá un procedimiento de urgencia, ya que es la única vía para cumplir con el calendario del Ministerio de Trabajo, que prevé la validación definitiva en el Congreso en mayo.
Sin embargo, el Ejecutivo es consciente de las dificultades para reunir una mayoría suficiente, lo que podría retrasar la entrada en vigor de la norma. Se espera que el texto, acordado entre Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO, sufra modificaciones durante el trámite parlamentario, especialmente en la fase de enmiendas, para atraer el apoyo de partidos con posturas más escépticas, como Junts y el PNV, clave para la estabilidad del Gobierno de coalición.
Fuentes sindicales citadas por EXPANSIÓN reconocen este escenario, al igual que las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que han rechazado el acuerdo bipartito. Argumentan que las compensaciones previstas para mitigar el impacto económico del recorte de horas sin reducción salarial son insuficientes para cubrir los costes estructurales.
El Ministerio de Trabajo había propuesto incentivos para las empresas más pequeñas, como bonificaciones a la contratación para quienes necesitaran reforzar sus plantillas y ayudas directas de hasta 6.000 euros para digitalización en negocios con menos de cinco trabajadores. Sin embargo, el presupuesto destinado a estas medidas ascendía a 350 millones de euros, muy por debajo de los 15.000 millones de euros que la patronal estima como coste total de la reducción de jornada, según cálculos de los Gestores Administrativos.
Precisamente, el debate sobre estas ayudas económicas será clave en la discusión parlamentaria. Aunque el texto enviado al Congreso mantiene los términos pactados con los sindicatos, dentro del propio Gobierno han existido discrepancias. Estas diferencias alcanzaron su punto álgido cuando Yolanda Díaz acusó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de alinearse con las posturas de la CEOE. Mientras el Ministerio de Trabajo busca que la reducción de jornada se implemente en los convenios ya en 2025, desde Economía se ha defendido un período transitorio más amplio y la necesidad de ofrecer apoyo financiero a las empresas, en especial a las pymes. Esta postura también ha sido respaldada por el Ministerio de Seguridad Social.
Por ello, se prevé que las ayudas a las pequeñas y medianas empresas sean un punto central en el debate parlamentario. Aunque fueron eliminadas en el anteproyecto aprobado por el Ejecutivo, el hecho de que hayan sido consideradas en la mesa de diálogo social implica un reconocimiento del impacto que la medida tendrá en los pequeños negocios. Fuentes empresariales consultadas por EXPANSIÓN advierten que la reducción de jornada afectará sobre todo a empresas locales y de menor tamaño que no cuentan con convenio colectivo, ya que actualmente su jornada media ronda las 38,2 horas semanales.
Algunas formaciones políticas críticas con la medida, como Junts, podrían exigir la ampliación del paquete de ayudas económicas a cambio de su apoyo. Sectores como la hostelería y el turismo, con un peso relevante en Cataluña, serían de los más afectados por la reducción de jornada, lo que podría influir en la posición de este partido. Desde los sindicatos, tras cerrar el acuerdo con el Ministerio de Trabajo, ya señalaban que la verdadera "batalla" por la aprobación de la norma comenzaría con el trámite parlamentario. Incluso reconocen la posibilidad de que la reforma no prospere si Junts plantea condiciones inasumibles para respaldarla y el PP mantiene su rechazo firme a la medida.