(El País, 27-07-2026) | Laboral
El Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley que permite a las administraciones públicas volver a contratar personal relevista para sustituir a los empleados laborales que opten por la jubilación parcial. La medida, aprobada inicialmente por el Gobierno el pasado 29 de junio, ha salido adelante gracias a la abstención del Partido Popular y ha obtenido 167 votos favorables, 37 en contra -correspondientes a Vox y Podemos- y 144 abstenciones.
La reforma pretende desbloquear una situación que se había producido desde abril de 2025, cuando entraron en vigor nuevos requisitos para acceder a la jubilación parcial. Desde entonces, la normativa exigía que el trabajador relevista fuera contratado de forma indefinida y a jornada completa, una condición que dificultó la incorporación de sustitutos en las administraciones públicas y, en la práctica, paralizó numerosas jubilaciones parciales del personal laboral.
El colectivo afectado está integrado por unos 700.000 trabajadores, principalmente empleados de ayuntamientos y universidades. Aunque el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y las organizaciones sindicales no disponen de una cifra exacta de beneficiarios, ambas partes coinciden en que la medida permitirá resolver la situación de miles de empleados públicos. Solo en la Administración General del Estado se calcula que alrededor de un millar de trabajadores acceden cada año a esta modalidad de jubilación.
Durante el debate parlamentario, el ministro de Función Pública, Óscar López, defendió la iniciativa al considerar que ofrece una solución práctica a un problema que afectaba a numerosos trabajadores y facilita el relevo generacional dentro de las administraciones.
La jubilación parcial permite a los trabajadores con contrato a tiempo completo reducir progresivamente su actividad antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación, siempre que simultáneamente se formalice un contrato de relevo. Entre los requisitos exigidos figuran adelantar la jubilación un máximo de tres años, acreditar al menos 33 años de cotización, haber prestado servicios durante los seis años anteriores en la misma entidad y reducir la jornada laboral entre un 25% y un 75%, con determinadas limitaciones cuando la jubilación se anticipa más de dos años.
Para adaptarse a las exigencias introducidas en 2025, el decreto establece que las administraciones deberán planificar con antelación la cobertura de estos puestos mediante sus ofertas de empleo público u otros instrumentos de planificación. En el caso de la Administración General del Estado, la oferta de empleo público para 2026 ya incorpora 854 plazas destinadas a personal relevista con carácter fijo, cuya selección se realizará conforme a los procedimientos ordinarios de acceso al empleo público.
Además de regular la jubilación parcial, el decreto incluye una actualización de las indemnizaciones por residencia para el personal de la Administración General del Estado destinado en las Islas Baleares, con efectos retroactivos desde el 1 de julio.
La revisión incrementa de forma significativa los complementos salariales por insularidad. En Mallorca aumentan las cuantías correspondientes a todos los grupos funcionariales, mientras que en Menorca, Ibiza y Formentera las mejoras son aún más elevadas, con incrementos especialmente destacados para el personal de los distintos cuerpos y escalas de la Administración General del Estado. El objetivo de esta actualización es adecuar estas compensaciones al mayor coste de vida y a las especiales condiciones derivadas de la insularidad.