(El País, 24-07-2026) | Laboral
Miles de abogados, procuradores y otros profesionales liberales podrán acceder en el futuro a una pensión pública tras la aprobación definitiva, por parte del Congreso, de la ley que crea una pasarela para trasladar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) los derechos generados en las mutualidades profesionales. La medida pone fin a una reivindicación que estos colectivos venían defendiendo desde hace cuatro años, aunque deja fuera a quienes ya están jubilados y perciben prestaciones de sus mutualidades.
La norma, que ya había superado su primera votación en el Congreso y su tramitación en el Senado, recibió el respaldo definitivo después de que prosperaran varias enmiendas introducidas por el Partido Popular gracias a la abstención del Grupo Socialista. La reforma afecta a abogados, procuradores, arquitectos, médicos, ingenieros y otros profesionales que, en lugar de cotizar al sistema público, lo han hecho durante años a través de mutualidades como la Mutualidad de la Abogacía, la Mutualidad de los Procuradores, la Hermandad Nacional de Arquitectos o Mutual Médica.
Se estima que cerca de 100.000 profesionales se encuentran en esta situación, la mayoría abogados. Aproximadamente la mitad podría acogerse a la nueva pasarela para convertir el capital acumulado en sus planes privados en años de cotización a la Seguridad Social, lo que les permitirá acceder a una pensión pública de jubilación y al resto de prestaciones del sistema.
El problema surgía porque las aportaciones mínimas exigidas por las mutualidades eran considerablemente inferiores a las del RETA, lo que ha dado lugar a ahorros insuficientes para garantizar una jubilación adecuada. En muchos casos, el capital acumulado apenas permite percibir rentas mensuales de entre 300 y 500 euros, cantidades que, además, no se actualizan conforme al IPC, a diferencia de las pensiones públicas.
Pese al avance que supone la aprobación de la ley, algunos representantes del colectivo consideran que la reforma resulta insuficiente. Critican especialmente la exclusión de los mutualistas ya jubilados, el limitado reconocimiento de los años cotizados y el sistema de coeficientes establecido para calcular la equivalencia entre el capital acumulado y los años de cotización.
Uno de los aspectos más debatidos durante la tramitación ha sido el mecanismo para transformar las aportaciones realizadas a las mutualidades en periodos cotizados a la Seguridad Social. Los afectados reclamaban que cada mes aportado se computara como un mes cotizado. Finalmente, ese criterio solo se aplicará a quienes estuvieran integrados en una mutualidad antes del 10 de noviembre de 1995 y tuvieran al menos 52 años a 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de favorecer a quienes se encuentran más próximos a la jubilación.
Para el resto de los casos, el cálculo se realizará tomando como referencia la base mínima de cotización del RETA y aplicando un coeficiente corrector que oscilará entre el 0,67 y el 0,87. Este sistema permitirá convertir el ahorro acumulado en años de cotización, siendo más favorable cuanto menor sea el coeficiente aplicado. Además, el dinero permanecerá en la mutualidad hasta el momento de la jubilación, aunque el profesional haya optado previamente por incorporarse al RETA.
La ley mantiene fuera de la pasarela a los mutualistas ya retirados, una decisión que ha generado un amplio descontento. Diversos grupos parlamentarios y representantes de las mutualidades consideran que la situación de quienes ya perciben prestaciones muy reducidas debería abordarse mediante una futura reforma específica.
El texto también establece que el Gobierno dispondrá de tres meses para aprobar el reglamento que desarrollará el funcionamiento de la pasarela. La incorporación será voluntaria, pero irreversible, de modo que quienes decidan integrarse en la Seguridad Social no podrán regresar posteriormente a su mutualidad.
Por último, la reforma mantiene la existencia del sistema alternativo de mutualidades al menos hasta 2030. Durante ese periodo, el Ejecutivo elaborará un informe sobre la viabilidad de este modelo, mientras las propias mutualidades defienden su continuidad al considerar que constituye un mecanismo eficaz de colaboración entre el ámbito público y el privado sin perjuicio para los profesionales.