(El País, 16-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La sanidad, la educación y la protección social constituyen la base del Estado del bienestar y su prestación recae principalmente en las comunidades autónomas. Sin embargo, los fondos que reciben a través del sistema de financiación -actualmente en el centro del debate por la propuesta de reforma del Gobierno- apenas alcanzan para sufragar el coste de estos servicios esenciales en el conjunto del país. En 2023, último año con datos disponibles, el modelo cubrió el 99,6% del gasto que las autonomías destinaron a estas políticas. En algunas regiones la cobertura fue notablemente menor, como en Murcia (86,6%) y la Comunidad Valenciana (90,95%), mientras que en otras, como Cantabria, superó ampliamente la media.
Estas cifras se obtienen al comparar el gasto efectivo en servicios públicos fundamentales con la liquidación del sistema de financiación a competencias homogéneas. No implican necesariamente que exista falta o exceso de recursos, ni permiten evaluar la calidad de las prestaciones, sino únicamente qué parte del gasto real podría financiarse con los fondos transferidos por el sistema.
Según explica Diego Martínez López, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea, influyen al menos tres elementos: la cantidad de recursos disponibles, la eficiencia con la que se gestionan y las prioridades políticas de cada comunidad, es decir, cuánto decide destinar a estos servicios básicos. Una región puede cubrir gran parte de su gasto con los fondos recibidos no porque esté mejor financiada, sino porque administra de forma más eficiente.
En Murcia y la Comunidad Valenciana sí existe relación entre su baja cobertura y el nivel de financiación recibido, ya que se consideran de las autonomías peor tratadas por el modelo. No obstante, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, subraya que el indicador más fiable para medir si una comunidad está bien financiada es la financiación efectiva por habitante ajustado, no el porcentaje de gasto cubierto. El nivel de gasto responde también a decisiones políticas y preferencias. Así, mientras Cataluña opta por dedicar más recursos a los servicios básicos -financiándolo en parte con impuestos y deuda-, Madrid prefiere un menor gasto acompañado de una menor presión fiscal.
Sanidad, educación y protección social concentran aproximadamente dos tercios del presupuesto autonómico, y el sistema de financiación aporta la mayor parte de sus ingresos, aunque las comunidades también disponen de recursos propios, transferencias condicionadas del Estado y fondos europeos. No obstante, la ley no obliga a destinar a estas políticas todo lo recibido ni a reservar un porcentaje concreto para ellas: cada autonomía decide libremente cómo repartir sus recursos, en línea con su autonomía política.
Aun así, algunos expertos consideran que el sistema debería cubrir al menos la totalidad del gasto en estos servicios esenciales. Juan Pérez, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), señala que esta idea está implícita en el diseño vigente desde 2009, que iguala hasta el 75% de la capacidad fiscal entre territorios, proporción que entonces representaba el peso de los servicios públicos fundamentales en el gasto autonómico.
El mecanismo funciona mediante un fondo común al que las comunidades aportan parte de los impuestos generados en su territorio -principalmente IRPF, IVA y tributos especiales- junto con transferencias estatales. Posteriormente, estos recursos se redistribuyen entre las autonomías mediante diversos fondos con el objetivo de garantizar un nivel similar de servicios básicos en todo el país. Dado que no todas cuentan con la misma capacidad económica, el sistema aplica inicialmente una nivelación parcial del 75% para compensar esas diferencias.