(Expansión, 24-04-2024) | Fiscal
El Banco de España ha señalado en su Informe Anual, publicado ayer, que el sistema tributario español presenta una mayor carga impositiva sobre los activos inmobiliarios, especialmente en relación con la vivienda, en comparación con las economías de la UE-27. En España, los ingresos derivados de la tributación sobre la propiedad representaron el 2,8% del PIB en 2022, frente al 1,4% del PIB en el promedio de las economías de la UE-27 y al 1,6% del PIB en el promedio de la zona euro.
El análisis también destaca que la estructura tributaria relacionada con el mercado inmobiliario tiene un enfoque más orientado hacia los impuestos sobre la producción y adquisición de viviendas, y menos peso relativo en la tributación recurrente sobre la propiedad de inmuebles (aproximadamente un 40% en España, frente al 50% en promedio en la UE-27), a pesar de tener un mayor stock de viviendas por habitante en España.
En otras palabras, en España se gravan más los procesos de promoción y compra de viviendas que la posesión de múltiples propiedades. El Banco de España propone que aumentar la tributación recurrente sobre la propiedad de inmuebles (como el IBI) podría mejorar la eficiencia del sistema tributario y facilitar el acceso a la vivienda. Sin embargo, este aumento en los impuestos debería ir acompañado de una reducción en otros impuestos sobre la adquisición o producción de viviendas para evitar una carga tributaria excesiva sobre este activo.
En este sentido, el Banco de España sugiere reducir la carga fiscal en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (para viviendas de segunda mano) y en el IVA (para viviendas nuevas), y compensar esta reducción con un aumento en impuestos como el IBI que gravan la propiedad de inmuebles.
No obstante, el Banco de España advierte que las propuestas para reducir los impuestos relacionados con la producción y adquisición de viviendas deberían ser consideradas solo cuando se hayan reducido las discrepancias entre la oferta y la demanda en el mercado residencial. De lo contrario, una reducción significativa de impuestos podría traducirse en un aumento del precio final de la vivienda, beneficiando a promotores y propietarios en venta a expensas de los recursos públicos.