(El Periódico, 02-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo
A menos que se alcance un acuerdo de última hora para designar un nuevo presidente o presidenta del Consejo General del Poder Judicial, y por ende, del Tribunal Supremo, el Rey Felipe VI será recibido el próximo jueves en el evento institucional más relevante del ámbito judicial por un magistrado que ejerce como máxima autoridad en funciones en el alto tribunal. Fernando Marín Castán, quien está próximo a jubilarse, recibirá por segunda vez al monarca en las puertas del Palacio de las Salesas para el Acto de Apertura del Año Judicial, acompañado del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
A finales de junio, PSOE y PP lograron un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyos miembros habían extendido su mandato por más de cinco años. No obstante, la anomalía institucional del Consejo General del Poder Judicial no ha sido superada, y los nuevos veinte vocales --10 propuestos por el partido en el Gobierno y otros 10 por el principal partido de la oposición-- se han sumido en una dinámica de bloques que prolonga de facto el bloqueo del organismo.
Además de no haber elegido a su presidente, otras decisiones que han pasado por el Pleno, cuyas funciones están limitadas precisamente por la falta de un líder, auguran un mandato conflictivo y con dificultades para lograr el consenso. Esto se evidenció el pasado 19 de agosto, cuando el bloque progresista impidió que prosperara una propuesta de los diez vocales conservadores para respaldar al Tribunal Supremo ante las declaraciones de algunos miembros del Gobierno que acusaron al tribunal de extralimitarse al no aplicar la amnistía a los líderes del procés.
Este bloqueo probablemente complicará la resolución del problema más urgente que enfrenta la justicia, más allá de su lentitud y la falta de recursos en los órganos más pequeños: la designación de 98 vacantes en la cúpula judicial, 26 de ellas en el Tribunal Supremo, según la última actualización de este órgano. Esto significa que casi una de cada tres plazas de magistrado en el alto tribunal está vacía.
Los nombramientos en el alto tribunal, debido a la relevancia política de algunas de sus resoluciones y al hecho de que sus magistrados son los encargados de investigar y juzgar a aforados --como diputados y senadores--, serán los más polémicos. En teoría, una nueva ley será elaborada por los nuevos vocales según el acuerdo político alcanzado, en la cual ninguna sensibilidad podrá imponerse sobre las otras, ya que todas las decisiones deberán ser adoptadas por una mayoría reforzada de tres quintos --es decir, 13 vocales en lugar de 11--. Es decir, o se llega a un consenso, o no se cubrirán las vacantes.
El acto del jueves presentará otra anomalía: la decisión pendiente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre el fiscal general. El 15 de julio, el juez Francisco Goyena, quien investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la presunta revelación de secretos por parte de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, elevó una exposición razonada al alto tribunal para que, en su caso, impute a García Ortiz por este asunto. No existen precedentes en democracia.
Por ahora, García Ortiz ha declarado que el hecho de que se haya elevado una exposición razonada en su contra "no alterará el normal funcionamiento de la institución ni su trabajo ordinario" al frente del Ministerio Público. Sin embargo, esta situación genera incertidumbre sobre su presencia en el acto de Apertura de Tribunales, donde el fiscal general pronuncia un discurso ante el Rey resumiendo la última Memoria de su departamento. La causa que involucra al fiscal general no es la única que suscita dudas sobre la "politización" de los casos que se investigan actualmente en los tribunales españoles, lo que sugiere un inicio de Año Judicial algo convulso.
Incluso antes del Acto de Apertura, dos jueces han aprovechado el verano para avanzar en casos de especial relevancia política. El juez Juan Carlos Peinado ha reanudado la instrucción contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, enfocándose en la financiación de la cátedra y su relación con Globalia. Por su parte, la Audiencia Nacional ha solicitado al Gobierno el informe de auditoría impulsado por el ministro de Transportes Óscar Puente, que señala irregularidades en las adjudicaciones a la empresa de la trama Koldo Soluciones de Gestión, un encargo gestionado mediante dos órdenes de compra firmadas por su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos.