(El Economista, 16-10-2025) | Fiscal
Más de 500 millonarios abandonarán España este año, llevándose consigo unos 2.700 millones de euros, debido al aumento de la presión fiscal y a la ausencia de incentivos atractivos para atraer inversión extranjera. El endurecimiento de la tributación a los grandes patrimonios -tras la aprobación del impuesto a las grandes fortunas en 2022, la reactivación del impuesto de Patrimonio en comunidades como Madrid, Andalucía y Galicia, la eliminación del programa Golden Visa y el mayor control de Hacienda sobre los beneficiarios de la Ley Beckham- ha provocado un efecto desalentador para quienes poseen un alto nivel de riqueza o buscan establecerse en el país.
Así lo señala un informe elaborado por la consultora británica Henley & Partners, especializada en movilidad de inversiones, junto con la firma de análisis patrimonial New World Wealth. El estudio advierte que España, junto con Alemania y Francia, será una de las grandes economías europeas que registrará por primera vez en 2025 una salida neta de individuos con elevado poder adquisitivo.
La fuga prevista de 500 grandes patrimonios representa el 0,25% de los 192.300 contribuyentes que actualmente pagan el impuesto de Patrimonio (aplicable a fortunas superiores a dos millones de euros) y equivale al 0,28% de la riqueza declarada por estos, que alcanzó los 934.000 millones de euros en 2023. Se espera que el impacto de esta salida se refleje en las declaraciones del impuesto correspondientes al ejercicio 2025, que se presentarán en 2026.
"El éxodo de estos millonarios no es solo una cuestión estadística: implica la pérdida de talento emprendedor, capital de inversión y conexiones internacionales de alto valor", advierte el informe. En relación con España, subraya que el fin del programa de visa dorada en abril de 2025 llega en un momento especialmente inoportuno, "eliminando un instrumento de atracción de inversión extranjera justo cuando la riqueza existente comienza a marcharse del país".
La llamada Golden Visa, vigente desde 2013 hasta abril de 2025, permitía a ciudadanos de fuera de la Unión Europea obtener la residencia española a cambio de invertir al menos 500.000 euros en vivienda, un millón en activos financieros o depósitos bancarios, dos millones en deuda pública o capital en proyectos innovadores o generadores de empleo. Durante su existencia, España concedió más de 10.000 visados bajo este sistema.
Además, en diciembre de 2022 el Gobierno implantó el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF) con el fin de gravar a los contribuyentes más ricos residentes en comunidades donde el impuesto de Patrimonio estaba bonificado. Este tributo estatal aplica tipos progresivos a partir de los tres millones de euros: 1,7% entre tres y 5,3 millones; 2,1% entre 5,3 y 10,6 millones; y 3,5% por encima de ese umbral.
La creación de este impuesto llevó a comunidades como Madrid, Andalucía y Galicia -que antes aplicaban bonificaciones del 100%, 100% y 50%, respectivamente- a reactivar el tributo propio en 2023 para recaudar ellas mismas lo que de otro modo ingresaría el Estado. Como resultado, el número de contribuyentes sujetos al impuesto aumentó en 7.190 personas.
Por otro lado, la Ley Beckham también ha generado polémica en los últimos meses. Mientras asesores y expertos denuncian un aumento de la vigilancia de la Agencia Tributaria sobre los extranjeros acogidos a este régimen, Hacienda sostiene que solo realiza comprobaciones rutinarias y que los controles afectan a menos del 0,5% de los beneficiarios.
Este régimen fiscal especial, que lleva el nombre del futbolista David Beckham, permite a los trabajadores extranjeros tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) en lugar del IRPF, con un tipo fijo del 24% sobre los ingresos generados en España hasta 600.000 euros y del 47% sobre el exceso, sin gravar el patrimonio que posean fuera del país.