(El Periódico, 28-10-2025) | Laboral
En España, la diferencia entre las pensiones de los trabajadores por cuenta ajena y las de los autónomos continúa siendo enorme, a pesar de que este último colectivo aporta alrededor del 16% del PIB nacional. De acuerdo con los datos más recientes de la Seguridad Social, la pensión media de jubilación de los autónomos apenas supera los 1.000 euros mensuales (1.007,8 €), mientras que en el régimen general, correspondiente a los asalariados, alcanza aproximadamente 1.660 euros. En otras palabras, dos de cada tres autónomos jubilados perciben menos de 1.000 euros al mes, reflejo directo de décadas cotizando por las bases mínimas.
Durante años, más del 80% de los autónomos ha contribuido a la Seguridad Social con la base mínima, lo que, si bien reducía las cuotas mensuales, ha tenido un impacto negativo en el importe de sus futuras pensiones. Este ahorro a corto plazo se ha traducido en una clara pérdida de poder adquisitivo una vez alcanzada la jubilación.
Los especialistas en materia de pensiones subrayan que el importe de la jubilación depende directamente de las bases de cotización y los años cotizados, por lo que quienes han tenido trayectorias laborales irregulares o largos periodos sin cotizar se encuentran en una situación aún más desfavorable respecto a los trabajadores asalariados.
Para revertir esta situación, la Seguridad Social ha puesto en marcha distintas medidas, como la corrección de las denominadas "lagunas de cotización", y desde 2023 ha implantado el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Este modelo busca que cada autónomo cotice en función de lo que realmente gana, de manera que quienes obtengan mayores ingresos aporten más, lo que debería traducirse en pensiones más justas a largo plazo. Sin embargo, los efectos de este cambio no serán inmediatos: los actuales jubilados -o quienes estén cerca de retirarse- seguirán recibiendo prestaciones calculadas sobre bases muy bajas.
Al mismo tiempo, las asociaciones de autónomos advierten de que el incremento de las cuotas en ciertos tramos puede suponer una carga adicional para quienes todavía sufren las consecuencias de la inflación, el aumento de costes y la competencia derivada del crecimiento del trabajo por cuenta propia entre la población inmigrante.
El resultado es una brecha estructural: mientras las pensiones del régimen general han aumentado en los últimos años a un ritmo superior al 4% anual, las del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) permanecen prácticamente estancadas en torno a los 1.000 euros, es decir, un 40% menos que las de los asalariados. Esta diferencia se hace aún más notable en las grandes ciudades, donde el alto coste de vida convierte esa pensión en claramente insuficiente.
Ante este escenario, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha presentado una propuesta de reforma fiscal destinada a aliviar la carga tributaria de los autónomos y las microempresas mediante una reducción del IRPF. El plan incluye la creación de un Fondo de Equilibrio Fiscal, con el objetivo de mantener estable la recaudación sin afectar el equilibrio presupuestario.
En un momento de tensión con el Gobierno por la prevista subida de cuotas en 2026, el futuro del colectivo pasa por concienciar sobre la importancia de cotizar adecuadamente, promover sistemas complementarios de ahorro y garantizar que la transición al nuevo modelo no castigue a los autónomos con ingresos más bajos. De no hacerlo, las pensiones de este grupo seguirán siendo el símbolo más claro de un sistema que ofrece escaso reconocimiento a quienes más arriesgan.