(El Economista, 09-02-2026) | Laboral
La Administración del Estado afronta un proceso de relevo generacional en sus plantillas, especialmente acusado en los ministerios, donde cerca del 55% de los empleados supera los 50 años. Este recambio deberá producirse de forma progresiva a lo largo de los próximos 15 años. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas correspondiente a julio, elaborado por el departamento que encabeza Óscar López, un 4,11% de los trabajadores del Estado tiene más de 64 años, lo que equivale a casi 3.800 personas.
Ante este escenario, el Ministerio de Función Pública se ve obligado a afrontar el desafío de rejuvenecer los equipos ministeriales. En el último acuerdo suscrito entre el ministro López y las organizaciones sindicales ya se recogen algunas iniciativas orientadas a este objetivo, como la planificación anticipada de jubilaciones o el impulso de programas formativos y de becas dirigidos a jóvenes interesados en desarrollar su carrera profesional en la Administración.
En once de los 22 ministerios actuales, al menos la mitad de la plantilla tiene más de 50 años. No obstante, el grado de envejecimiento varía considerablemente entre carteras. El caso más acusado es el del Ministerio de Defensa, que además es uno de los que cuenta con mayor número de empleados públicos (9.681). En este departamento, el 71% de los trabajadores supera los 50 años. De los 6.913 empleados en ese tramo de edad, casi 3.000 -en concreto, 2.969- tienen más de 60 años y se jubilarán en un horizonte cercano, mientras que 482 ya superan los 64 años y afrontan una retirada prácticamente inmediata.
Estas cifras ponen de relieve la magnitud del reto al que se enfrenta Defensa en comparación con el resto de ministerios. En segundo lugar se sitúa Transportes y Movilidad Sostenible, donde el 58% de la plantilla tiene más de 50 años, una proporción que, aun siendo elevada, se sitúa 21 puntos por debajo de la de Defensa. El departamento dirigido por Óscar Puente, que cuenta con 3.815 funcionarios, deberá igualmente gestionar el relevo generacional. No obstante, dispone de algo más de margen, ya que 1.275 de sus empleados aún no han alcanzado los 60 años, lo que deja a 921 trabajadores en una franja de edad próxima a la jubilación.
En tercera posición entre los ministerios más envejecidos se encuentra Hacienda. En la cartera de María Jesús Montero, el 57% de la plantilla supera los 50 años y, de los 6.849 trabajadores, 1.648 son mayores de 60, por lo que abandonarán el servicio activo en los próximos años. En el extremo opuesto figuran los ministerios con equipos más jóvenes: Igualdad y Juventud e Infancia, ambos con un 31% de empleados mayores de 50 años. Se trata además de carteras de creación reciente -Igualdad fue reconstituido en 2020 y Juventud e Infancia nació en 2023- y también de las que cuentan con menos personal, con 179 y 131 funcionarios respectivamente.
A continuación se sitúa Sanidad, un ministerio histórico que, pese a contar con una plantilla reducida de 951 funcionarios, presenta un 40% de empleados mayores de 50 años, es decir, 379 personas. El envejecimiento de las plantillas no es un fenómeno exclusivo de los ministerios, sino que afecta al conjunto de la Administración pública y al mercado laboral en general. En el sector público, el 45,9% de los trabajadores tiene más de 50 años. Además, aproximadamente un tercio de los empleados públicos supera los 55 años: un 16,1% se sitúa entre los 55 y 59 años, un 12,5% entre los 60 y 64, un 1,8% entre los 65 y 69 y apenas un 0,1% alcanza o supera los 70 años.
Garantizar el relevo de las próximas jubilaciones es uno de los principales retos del conjunto del sector público. Por ello, el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI 2026-2028, firmado el pasado diciembre por el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, incluye mejoras orientadas a una planificación más eficaz de las plantillas. En concreto, el Ejecutivo se compromete a introducir medidas que contemplen las previsiones de jubilaciones parciales con el objetivo de facilitar la renovación generacional.
Asimismo, se prevé implantar un nuevo modelo de Ofertas de Empleo Público que sustituya al actual, lo que apunta a la eliminación de la tasa de reposición para suprimir los límites en la convocatoria de plazas y aplicar criterios de planificación estratégica y gestión de recursos humanos.
Para atraer talento joven y superar los obstáculos socioeconómicos de acceso al empleo público, el acuerdo contempla también la ampliación y refuerzo de los programas de becas y ayudas dirigidos a quienes se preparan para los procesos selectivos.
A estas iniciativas se suma la reactivación de las jubilaciones parciales del personal laboral, en vigor desde abril de este año en condiciones similares a las del sector privado. En junio se aprobó una convocatoria de 1.000 plazas, coincidiendo con el número de solicitudes recibidas, y el Ministerio se comprometió a gestionarlas mediante un sistema centralizado en un plazo máximo de seis meses.
Por último, cabe recordar que en acuerdos anteriores el Gobierno se comprometió a recuperar la jubilación parcial de los funcionarios y del personal estatutario, un derecho eliminado en 2012 durante los recortes. Aunque en septiembre se constituyó la ponencia de la Comisión de Hacienda y Función Pública para tramitar el Proyecto de Ley de Función Pública -que incluye esta medida-, la iniciativa permanece bloqueada en el Congreso desde hace tres meses.