(El País, 23-07-2024) | Laboral
El Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa apoya las propuestas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en relación a su objetivo de incrementar la indemnización al trabajador despedido de manera improcedente. El propósito del Comité es, primero, disuadir a los empresarios de utilizar el despido como una herramienta principal para reducir costos. Y, en segundo lugar, asegurar que el trabajador afectado sea compensado por la empresa por los daños económicos, personales y morales.
En resumen, el dictamen del Comité, sobre el cual informó UGT ayer, se alinea con el plan de trabajo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para reformar el despido durante esta legislatura, si cuenta con el apoyo de la parte socialista del Gobierno. Esto incluye a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Seguramente, también se opondrán a estas reformas las patronales CEOE y Cepyme, así como el Partido Popular y Vox.
Ayer, UGT informó sobre el contenido del informe del Comité acerca del despido en España, el cual no se permitirá publicar hasta el próximo día 29, estando embargado hasta el lunes siguiente, a pesar de que el Gobierno y el sindicato disponen del dictamen desde marzo.
Por lo tanto, Díaz está al tanto de las recomendaciones del organismo respecto al despido, y ayer afirmó que "es un elemento más [de la legislación laboral] que será susceptible de reforma". La ministra de Trabajo destacó que esta cuestión "se abordará en la mesa de diálogo social y se adaptará a la legislación europea", específicamente al artículo 24 de la Carta Social Europea y al artículo 158 de la carta de derechos laborales y sociales de la OIT.
La vicepresidenta recordó que "en el acuerdo de Gobierno [entre el PSOE y Sumar] está contemplada esta materia y es fundamental que lo que es fuente de derecho europeo, como hemos hecho en otros ámbitos en nuestro país, forme parte de nuestra legislación". Además, destacó la importancia de contar con herramientas para enfrentar situaciones empresariales, de crisis o sectoriales, acompañando estos procesos sin necesidad de despedir a nadie. Según Díaz, esto busca impedir que las empresas puedan despedir empleados previendo futuras pérdidas o disminuciones en ventas. También desea prohibir que las empresas con beneficios puedan realizar despidos por razones económicas y evitar despidos colectivos que implican costes para todos los contribuyentes. Por estas razones, Díaz sostiene que "España incumple el derecho [laboral] comunitario".
Sin embargo, la vicepresidenta enfatizó ayer que "los empresarios no contratan para despedir" y que "el despido no es un problema". De todas maneras, el Comité exige al Gobierno "establecer una indemnización plenamente resarcitoria del daño causado al trabajador" por el despido, lo que incluye "los daños morales y el impacto personal del despido".
Además, el dictamen sugiere "eliminar o elevar los topes de compensación al trabajador", proponiendo eliminar el límite máximo de 24 mensualidades o incrementarlo significativamente. Actualmente, la indemnización máxima por despido improcedente es de 33 días de salario por año de trabajo, hasta un máximo de dos años de retribución. En este sentido, UGT pide una indemnización mínima de seis meses de salario. En tercer lugar, el Comité insta al Gobierno a "fortalecer la reincorporación del trabajador [despedido] a la empresa, para ofrecer una mayor protección a los trabajadores despedidos injustificadamente", es decir, fortalecer el despido nulo.
El Comité de Derechos Sociales también solicita al Ejecutivo la introducción de los salarios de tramitación en el despido, "para asegurar que los trabajadores no sufran pérdidas financieras durante el periodo de litigio". Este salario se genera desde que la empresa decide prescindir del trabajador hasta que el tribunal emite la sentencia.
El Consejo de Europa reclama al Gobierno "implementar mecanismos para garantizar que las disputas del despido [entre la empresa y el trabajador] se resuelvan de manera oportuna, reduciendo los retrasos judiciales". Fuentes de la patronal CEOE señalaron que el informe "no es vinculante" para el Gobierno y, por lo tanto, no es una reforma obligatoria. Díaz abordará esta cuestión en el diálogo social en 2025, si no cambian las circunstancias políticas. Antes de eso, sus prioridades incluyen intentar cerrar un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario y, en segundo lugar, buscar un acuerdo para la instauración del estatuto del trabajador en prácticas.
Los tribunales superiores ya están aplicando una indemnización por despido improcedente superior a la regulada en la ley, que actualmente es de 33 días de salario por año de trabajo en la empresa, hasta un máximo de dos años de salario. Por ejemplo, el 23 de abril, el Tribunal Superior del País Vasco aumentó una indemnización inicial de 493,49 a 30.000 euros. En dos sentencias del 14 y 22 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña incrementó las compensaciones iniciales de 823,90 a 20.762 euros en el primer caso, y de 3.332,94 a 46.728,24 euros en el segundo.
Por lo tanto, en estos casos, los tribunales están aplicando uno de los principios defendidos por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los sindicatos UGT y CCOO: "El empresario no puede saber, de antemano, cuánto le costará el despido del trabajador que está contratando". Si esto se aplica, se rompería la tendencia descendente que ha tenido la indemnización por despido improcedente desde la publicación del primer Estatuto de los Trabajadores en 1980. En aquel entonces, la cuantía bajó de 60 días de salario por año de trabajo a 45 días, con un máximo de tres años y medio de retribución.
En 1997, la reforma laboral acordada entre la patronal y los sindicatos redujo estas cifras a 33 días de salario por año de trabajo, con un máximo de dos años de salario, para los nuevos contratos indefinidos de fomento del empleo. La reforma laboral del Gobierno del PP en 2012 dejó esta compensación para todos los nuevos contratos indefinidos, eliminando gradualmente la vieja de 45 días, a medida que sus beneficiarios abandonaban el mercado laboral. UGT busca restaurar esta indemnización.