(El Economista, 22-01-2025) | Laboral
A punto de cumplirse dos años desde la aprobación de la Ley de Empleo, que buscaba mejorar la coordinación de las oficinas públicas de empleo, los datos sobre su eficacia muestran resultados desalentadores. En diciembre, se registraron 1,5 millones de contrataciones, de las cuales un 48% (730.325) correspondían a demandantes de empleo. Sin embargo, solo 29.587 se lograron a través de ofertas gestionadas por estos servicios públicos, lo que representa apenas el 0,7% de los 4,4 millones de personas inscritas en estas oficinas. Si consideramos únicamente a los 2,56 millones de parados, la cifra apenas llega al 1,2%.
Esta escasa efectividad vuelve a poner en el centro del debate la utilidad de las oficinas de empleo, cuestionada desde hace años. A esta problemática se suman los constantes conflictos entre administraciones, la gestión de miles de millones de euros que parecen diluirse en un complejo entramado burocrático y la falta de transparencia en los datos, lo que refuerza la desconfianza de los usuarios hacia estas instituciones.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no mejora esta percepción con su manera de reportar los datos, ya que solo informa sobre colocaciones de demandantes de empleo, sin especificar cuántos de ellos son desempleados. Este matiz es importante, dado que más de un millón de demandantes tienen algún tipo de ocupación o relación laboral, como los fijos discontinuos inactivos. Aunque estos usuarios también buscan mejorar sus oportunidades laborales, los desempleados son el grupo prioritario. No obstante, incluso entre ellos, las colocaciones con oferta previa no superan el 1,2%.
Otro factor relevante es la edad de los demandantes. Los servicios públicos de empleo priorizan a colectivos con mayores dificultades para encontrar trabajo, como los jóvenes y las personas mayores de 45 años. Entre los beneficiarios de ofertas gestionadas, destacan los demandantes y parados de entre 20 y 25 años, con tasas del 0,9% y 1,6% respectivamente, seguidos por los de 50 a 54 años, con porcentajes del 0,8% y 1,3%.
Todos los demandantes de empleo, estén o no desempleados, deben cumplir un compromiso de actividad que incluye renovar su inscripción periódicamente. En el caso de los parados que reciben prestaciones, el compromiso se amplía a no rechazar ofertas laborales consideradas adecuadas.
La gestión de las políticas activas de empleo, dirigidas tanto a desempleados como a otros demandantes, recae en las comunidades autónomas, excepto en Ceuta y Melilla, donde es competencia estatal. Este reparto competencial genera tensiones entre los gobiernos autonómicos y el Ministerio de Trabajo, con ambos atribuyéndose los éxitos y responsabilizando al otro de los fallos.
Desde principios de siglo, cuando el antiguo INEM fue sustituido por el SEPE, este organismo estatal se encarga de gestionar las prestaciones por desempleo y recopilar información de las comunidades autónomas, incluyendo quiénes son considerados parados registrados. Aunque el SEPE y las entidades autonómicas son interdependientes, juntos conforman el Sistema Nacional de Empleo (SNE), creado para coordinar políticas y acciones que faciliten la inserción laboral. Este sistema fue objeto de la reforma de la Ley de Empleo de 2023, que también transformó al SEPE en la Agencia Nacional de Empleo.