(El País, 05-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ha actualizado los datos relativos a la ejecución del Plan de Recuperación Europeo, cuyo periodo de aplicación finalizó el pasado 31 de agosto y del que todavía queda pendiente el desembolso correspondiente a la última solicitud presentada por España a finales de septiembre.
Según explicó en sede parlamentaria, hasta el 31 de agosto las distintas administraciones habían asignado 79.854 millones de euros y se habían abonado alrededor de 96.000 millones a los beneficiarios, de acuerdo con la información de la Intervención General de la Administración del Estado. Además, las convocatorias ya resueltas alcanzaban los 72.030 millones de euros, una cifra que representa más del 90% de los recursos previstos en el programa.
El Gobierno queda ahora a la espera de que la Comisión Europea revise y valide los gastos acreditados y autorice la última petición de fondos, que asciende a 25.861 millones de euros, principalmente en forma de transferencias. Cuerpo ha destacado que las diferentes fases del programa se han ido completando dentro de los plazos establecidos y ha señalado que la recta final exige un esfuerzo adicional por parte de la Administración. La documentación remitida deberá someterse ahora a una revisión detallada por parte de las autoridades europeas para comprobar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
La séptima y última solicitud de pago comprende la evaluación de 148 hitos y objetivos, aproximadamente un 30% del total fijado para España. En conjunto, el volumen de transferencias asociado al plan alcanza los 101.300 millones de euros.
En caso de que Bruselas valide íntegramente la documentación presentada, España habría completado la totalidad de los objetivos vinculados a las transferencias del programa. No obstante, en anteriores solicitudes ya se han producido discrepancias con la Comisión Europea, especialmente en relación con determinados compromisos asociados a reformas legislativas que finalmente no obtuvieron suficiente respaldo parlamentario. Por lo que respecta a los préstamos incluidos en el Plan de Recuperación, el grado de ejecución alcanza aproximadamente el 98%, con un total de 11.532 millones de euros.
El programa contemplaba inicialmente una cantidad de financiación mediante créditos similar a la prevista para las subvenciones. Sin embargo, el Gobierno decidió finalmente renunciar a una parte importante de estos préstamos, argumentando que existía una menor demanda del sector privado y que las empresas y administraciones podían acceder a otras fuentes de financiación en condiciones favorables sin quedar sujetas a las obligaciones específicas del mecanismo europeo.
Esta decisión ha generado críticas tanto entre algunos socios del Ejecutivo como entre los grupos de la oposición, que cuestionan que España haya renunciado a una parte significativa de los recursos inicialmente disponibles. El calendario previsto establece que la Comisión Europea podría emitir una evaluación preliminar hacia mediados de noviembre. Posteriormente, el expediente deberá pasar por el Consejo antes de que pueda efectuarse el desembolso, que el Gobierno confía en recibir antes del 31 de diciembre.
Durante su intervención, Cuerpo también puso el acento en el efecto transformador que, a juicio del Ejecutivo, ha tenido el Plan de Recuperación sobre la economía española. El programa ha supuesto una de las mayores iniciativas de inversión impulsadas hasta ahora por la Unión Europea y ha canalizado recursos hacia numerosos sectores y proyectos.
Según los análisis económicos citados por el vicepresidente, el potencial de crecimiento de la economía española a medio y largo plazo habría aumentado respecto a la situación existente antes de la llegada de los fondos europeos. El Gobierno también destaca el avance registrado por España en su proceso de convergencia económica con otros países de la Unión durante los últimos años, así como los cambios observados en el mercado laboral. Entre ellos figura un aumento del peso de los empleos relacionados con actividades tecnológicas, científicas y de mayor cualificación.
Otro de los aspectos señalados ha sido el alcance del programa entre el tejido empresarial. Según datos del Banco de España citados por Cuerpo, aproximadamente una de cada cinco empresas españolas habría solicitado algún tipo de financiación procedente de estos fondos.
Pese a estos resultados, el despliegue del plan también ha recibido críticas. Algunos especialistas consideran que la capacidad para movilizar inversión privada ha sido inferior a la inicialmente prevista y señalan que una parte importante de los recursos se ha concentrado en proyectos basados en fórmulas de coinversión. También se ha cuestionado que la participación de las comunidades autónomas haya sido menor de lo esperado en determinadas fases del programa.
El final del plazo oficial de ejecución no implica, sin embargo, la desaparición inmediata de todos los recursos asociados al plan. Una parte de los fondos se ha destinado a un vehículo de inversión gestionado por el Instituto de Crédito Oficial, que contará con 13.300 millones de euros y que pretende utilizar estos recursos como base para atraer financiación adicional.
Entre las principales áreas de actuación previstas figura el impulso de proyectos destinados a aumentar la oferta de vivienda asequible. El objetivo es movilizar hasta 23.000 millones de euros mediante distintas fórmulas de financiación e inversión canalizadas a través del ICO.