(El País, 18-11-2025) | Laboral
El Gobierno exige a todas las empresas con más de 50 empleados disponer de un plan de igualdad, es decir, un conjunto de medidas destinado a garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar cualquier discriminación por razón de sexo. En España existen unas 32.000 compañías sujetas a esta obligación, pero alrededor de 12.000 no la cumplen, bien porque no han elaborado el plan o porque el que tenían ya ha expirado y está pendiente de renovación. Así lo revela un informe de CC OO, que abordó esta cuestión durante la presentación de su campaña previa al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
"Las mujeres no denunciamos cuando queremos, sino cuando podemos. Por eso el papel del entorno es crucial. Debemos actuar desde ya para frenar las violencias machistas", afirmó este lunes la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad, Carolina Vidal, quien destacó el papel de los planes de igualdad como herramienta clave para prevenir la violencia en el ámbito laboral. Aunque cerca del 37,5% de las empresas obligadas aún no cumplen (casi cuatro de cada diez), el sindicato subraya el gran avance logrado: en febrero de 2023 había unos 6.000 planes en vigor; en marzo de este año, unos 18.000; y actualmente rondan los 20.000. Por lo general, deben renovarse cada cuatro años.
La extensión de estos planes responde al calendario normativo: son obligatorios para empresas de más de 151 trabajadores desde marzo de 2020, para las que superan los 101 desde 2021 y, finalmente, para las de más de 50 desde 2022. Es decir, todas las compañías con al menos medio centenar de empleados llevan ya tres años y medio sujetas a esta obligación.
El Instituto de las Mujeres detalla que estos planes deben incluir, tras un proceso de negociación, medidas que eviten cualquier discriminación laboral por sexo, fomenten condiciones de trabajo libres de acoso sexual o por razón de sexo y establezcan procedimientos para prevenir estas conductas y canalizar denuncias o reclamaciones.
"No se está frenando la implantación de estos planes", subrayó Vidal, "porque desde las organizaciones sindicales los impulsamos allí donde tenemos representación. Los centros de trabajo no pueden vivir de espaldas a la mitad de su plantilla, perpetuando la discriminación". Además, recordó que las empresas que no cumplen pueden enfrentarse a sanciones y quedar excluidas de la contratación pública, un incentivo importante para que avancen en esta materia.
Vidal admitió que el avance de la extrema derecha y su discurso antifeminista supone una "amenaza" para estas políticas. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, reforzó esta idea: "Cuando se aplican políticas de igualdad como estas, generan consenso. Empresas y trabajadores comprueban que son útiles y necesarias". Sordo alertó de que el "martilleo" empresarial contra la "excesiva burocracia" puede servir de coartada para intentar desmontar estas normativas en el futuro: "Existe un riesgo claro, también en los objetivos de descarbonización, bajo el mismo argumento del exceso regulatorio". Las patronales sostienen que la proliferación de trámites resta competitividad.
En este contexto, Sordo apeló al Partido Popular a que no ceda en posibles pactos con Vox que impliquen retrocesos en materia de igualdad: "Que no compren mercancía averiada". En cuanto a los problemas detectados en el sistema de pulseras telemáticas para maltratadores, Vidal afirmó que "no puede haber una tercera vez" y criticó que este servicio esté privatizado: "Es inconcebible que la vida de las mujeres dependa de una empresa privada".