(La Vanguardia, 31-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Ministerio de Consumo ha remitido este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión para comunicarles que deberán ampliar de forma obligatoria los contratos de alquiler de aquellos inquilinos cuyos contratos finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que estos lo soliciten. Estas empresas gestionan en conjunto más de 100.000 viviendas en alquiler en España, según ha indicado el departamento dirigido por Pablo Bustinduy.
La comunicación, enviada por el director general de Consumo, informa sobre la aprobación del real decreto ley con medidas urgentes en materia de vivienda, adoptado como respuesta al impacto económico de la guerra en Oriente Próximo. Este texto, aprobado el 20 de marzo en el Consejo de Ministros, incluye dos medidas principales para aliviar la presión sobre el mercado del alquiler: por un lado, la extensión de los contratos próximos a vencer y, por otro, un límite del 2% en la actualización anual de las rentas.
El documento detalla el funcionamiento de esta prórroga extraordinaria para viviendas habituales. Los inquilinos podrán alargar su contrato hasta un máximo de dos años adicionales sin incremento del precio, siempre que la fecha de finalización esté comprendida entre el 22 de marzo de 2026, cuando entró en vigor la norma, y el 31 de diciembre de 2027. Según el ministerio, esto supone un nuevo derecho para los arrendatarios, que deberán solicitarlo, y que obligará a los propietarios a aceptarlo manteniendo las condiciones vigentes.
Estas medidas afectan directamente al mercado del alquiler de vivienda habitual, ámbito en el que operan las empresas destinatarias de la carta. Consumo les ha pedido que actúen con diligencia para aplicar correctamente la norma y que adapten sus procedimientos internos para cumplirla de inmediato, aunque persisten dudas sobre su alcance real.
El decreto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 21 de marzo y entró en vigor al día siguiente, pero necesita ser convalidado por el Congreso en un plazo máximo de un mes para mantenerse vigente. Esto ha generado incertidumbre sobre qué ocurriría con los contratos acogidos a esta prórroga si finalmente la medida no es ratificada, algo que podría suceder dado que actualmente cuenta con la oposición de varios grupos parlamentarios.
De hecho, el Gobierno optó por separar este decreto del resto del paquete de ayudas económicas relacionadas con la guerra, a petición de su socio minoritario, ante la falta de apoyos suficientes para garantizar su aprobación en el Parlamento.
El resto de medidas, valoradas en 5.000 millones de euros, se centra en paliar el encarecimiento de la energía provocado por el conflicto, e incluye principalmente rebajas fiscales en electricidad y carburantes, y ya ha sido aprobado por las Cortes.
Según estimaciones de Consumo, la prórroga de los alquileres podría afectar a cerca de un millón de hogares en España, donde viven unos 2,7 millones de personas. Este cálculo se basa en contratos firmados entre 2021 y 2022 que ahora estarían próximos a expirar, aunque no incluye aquellos que ya se hayan extinguido antes de tiempo ni algunos casos específicos fuera del ámbito de aplicación de la norma.