(Expansión, 25-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo
La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha advertido sobre las dificultades que enfrentan las empresas debido a la complejidad normativa en los procesos de contratación pública, marcados por la existencia de numerosos órganos de contratación y la diversidad de procedimientos. Según Fernández, esta situación genera un gran número de problemas que desincentivan a las empresas de participar en licitaciones, las cuales perciben estos procesos como confusos y excesivamente complicados.
En 2023, el 44% de las licitaciones contó con un único participante, lo que representa el peor dato registrado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (Oirescon), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que se encarga de supervisar el cumplimiento de la normativa en esta materia, promover la competencia y combatir las irregularidades. En general, la CNMC ha identificado que en un tercio de las licitaciones sólo se presenta una empresa, y en los dos tercios restantes, el número de participantes no suele superar los dos o tres.
La falta de competencia en estos procesos tiene un impacto económico significativo. La CNMC ha detectado que cuando no existe presión competitiva, ya sea por colusión o por falta de participantes, los precios de los contratos pueden desviarse al alza entre un 20% y un 25%, lo que repercute directamente en los contribuyentes. Estas colusiones pueden manifestarse en pactos entre operadores para fijar precios o presionar a la administración para incrementar el coste del contrato, eliminando así una competencia real.
El análisis de la CNMC, basado en el estudio de 3,5 millones de contratos, revela que los procedimientos abiertos permiten una reducción promedio del 10% en los precios de licitación frente a modalidades negociadas o restringidas. Además, cada nuevo participante en una licitación puede generar una disminución adicional del 2% en el coste del contrato. No obstante, la Oirescon sigue alertando sobre la caída de la concurrencia en la contratación pública en España, un problema que afecta directamente a la eficiencia económica.
Cani Fernández enfatizó que una gestión deficiente de los recursos públicos no solo eleva los costes, sino que también desperdicia el potencial de la contratación pública como herramienta para fomentar un crecimiento económico sostenible e inclusivo, beneficiando especialmente a las pequeñas y medianas empresas, fundamentales para el tejido empresarial del país.
Entre las principales barreras para las empresas, Fernández destacó la "excesiva juridificación" de las normas, que a menudo contradice el principio de eficiencia económica, señalado como prioritario en el artículo 1 de la ley de contratos públicos. Además, la existencia de múltiples órganos de contratación con procedimientos diversos complica aún más el panorama. Esto genera otro problema recurrente: la falta de uniformidad y consistencia en la información que fluye entre la administración y los licitadores, lo que dificulta aún más su participación en los procesos.