(El País, 17-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La autoridad de competencia prepara su entrada en el conflicto generado por las nuevas exigencias que el Gobierno plantea para los centros de datos en España, una regulación que ha provocado una fuerte reacción entre las grandes empresas tecnológicas, entre ellas Amazon, Microsoft y Google. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ultima un informe sobre el proyecto de real decreto que el Ejecutivo tramita desde finales de agosto, después de haber recabado las aportaciones de algunos de los principales sectores afectados.
El regulador está recopilando las observaciones realizadas en el Consejo Consultivo de Electricidad, en el que participan expertos de la CNMC, representantes de las administraciones, agentes del sector eléctrico y miembros de la sociedad civil. Concluido el plazo para presentar aportaciones el 15 de septiembre, la CNMC deberá elaborar un informe sobre la norma. Aunque sus conclusiones no tendrán carácter vinculante para el Gobierno, el documento constituye uno de los trámites preceptivos de la tramitación y será una de las primeras actuaciones relevantes del nuevo presidente de la CNMC, Juan José Ganuza.
Uno de los principales puntos de fricción se encuentra en el reparto de competencias sobre el acceso y la conexión a la red eléctrica. Desde el sector de los centros de datos consideran que el proyecto atribuye al Ministerio competencias que corresponderían a la CNMC como organismo regulador independiente. SpainDC, asociación que representa a las principales empresas tecnológicas, ha planteado esta cuestión en sus alegaciones y cuestiona que el Ministerio intervenga en materias relacionadas con el acceso, la conexión y la regulación energética que, a su juicio, están legalmente atribuidas a la Comisión.
El debate competencial tampoco es nuevo. Expertos jurídicos consultados consideran que existe una zona de solapamiento entre las atribuciones del Ministerio y las de la CNMC en las materias contempladas en el artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico. El Consejo de Estado, por su parte, ha mantenido en anteriores ocasiones una interpretación que concede un peso relevante a las competencias del Ministerio, aunque dentro de la CNMC también existen posiciones favorables a una interpretación más amplia de las funciones de la Comisión. La cuestión adquiere especial importancia porque afecta directamente a la política energética y a la ordenación del acceso a unas redes eléctricas cada vez más demandadas.
Al mismo tiempo, distintos sectores industriales han presentado alegaciones contra el proyecto de real decreto por el impacto que podría tener el crecimiento de los centros de datos sobre la disponibilidad y el coste de la electricidad. Industrias como la metalurgia, la automoción, la química o la fabricación de azulejos reclaman que se preserve su acceso a la red frente a la creciente demanda asociada a la inteligencia artificial y advierten del riesgo de pérdida de competitividad si los centros de datos concentran una parte significativa de la capacidad disponible.
Los propios operadores de centros de datos rechazan estas críticas y consideran que las nuevas condiciones suponen un trato diferencial. Entre las principales obligaciones planteadas por el Gobierno figura que estas instalaciones cubran con energías renovables el 80% de su consumo y que puedan acreditar ese suministro hora a hora. SpainDC y algunas empresas del sector consideran que este requisito presenta importantes dificultades técnicas y económicas, especialmente porque limita la posibilidad de compensar el consumo nocturno exclusivamente con generación fotovoltaica.
La asociación sostiene que los proyectos previstos durante los próximos cuatro años supondrán alrededor de 3 GW de potencia, equivalente, según sus cálculos, al 0,8% del consumo eléctrico nacional. Sus representantes defienden que los centros de datos deben ser considerados un consumidor más y comparan su demanda con la de otros sectores electrointensivos que no están sometidos a obligaciones similares. El Gobierno, por su parte, ha mantenido la necesidad de garantizar que el despliegue de estas infraestructuras no termine trasladando costes adicionales al conjunto de los consumidores.
La tramitación del real decreto ha recibido más de 600 alegaciones y el Ejecutivo ha mostrado disposición a estudiar modificaciones en algunos de los requisitos más exigentes. Sin embargo, mantiene por ahora el objetivo de que los centros de datos cubran el 80% de su consumo mediante energías renovables y puedan demostrarlo con carácter horario. El desacuerdo ha llevado ya a varios desarrolladores a plantearse la paralización de proyectos si la regulación se aprueba sin cambios y SpainDC advierte de posibles reclamaciones económicas, al considerar que están en juego inversiones cercanas a los 67.000 millones de euros hasta 2030.
Las grandes compañías tecnológicas están intensificando mientras tanto sus actuaciones ante las distintas instituciones implicadas en la tramitación. La asociación que representa a empresas como Amazon, Microsoft y Google ha trasladado sus alegaciones al Consejo de Estado, que deberá pronunciarse antes de que el proyecto llegue al Consejo de Ministros, y también ha hecho llegar sus planteamientos a la nueva dirección de la CNMC. El conflicto queda así abierto en varios frentes, desde el reparto de competencias regulatorias hasta el acceso a la red y las condiciones energéticas que deberán asumir los centros de datos en España.