(El País, 17-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido abrir un expediente sancionador contra las seis principales entidades financieras del país -Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja- por posibles prácticas contrarias a la competencia relacionadas con el mercado hipotecario.
El regulador considera que determinadas manifestaciones públicas realizadas por responsables de estas entidades acerca de la evolución de los precios de las hipotecas a tipo fijo podrían haber facilitado a sus competidores información relevante sobre sus futuras estrategias comerciales. Según la CNMC, este intercambio indirecto de señales podría vulnerar tanto la legislación española de defensa de la competencia como la normativa comunitaria.
La investigación se produce en un contexto marcado por la intensa competencia en el mercado hipotecario español. Durante los últimos meses, varias entidades financieras han protagonizado una auténtica batalla comercial para captar clientes, ofreciendo préstamos hipotecarios a tipos de interés cada vez más reducidos. Esta situación ha generado preocupación entre algunos directivos del sector, que han advertido públicamente sobre el riesgo de conceder financiación con márgenes demasiado estrechos. En su opinión, determinadas operaciones podrían resultar poco rentables a largo plazo y afectar a la sostenibilidad del negocio bancario.
Sin embargo, no todas las entidades han mantenido la misma posición. Mientras algunas han optado por moderar su actividad hipotecaria, otras han continuado apostando por crecer en este segmento del mercado, aprovechando el aumento de la demanda de financiación para la compra de vivienda. La CNMC considera que las declaraciones realizadas por diversos responsables bancarios durante este periodo podrían haber permitido a otras entidades anticipar decisiones comerciales futuras, alterando potencialmente las condiciones de competencia efectiva en el mercado.
El organismo ha precisado que la apertura del expediente no implica que exista una infracción acreditada ni anticipa el resultado final de la investigación. A partir de ahora se abre una fase de análisis durante la cual se recopilará información y se evaluarán los hechos. La CNMC dispone de un plazo máximo de 24 meses para resolver el procedimiento.
La actuación del supervisor se produce en un momento en el que el sector financiero español sigue bajo el foco de las autoridades de competencia y de los supervisores bancarios. En los últimos años, el organismo ha investigado diversas prácticas relacionadas con depósitos, financiación empresarial y otros productos financieros.
Paralelamente, las autoridades europeas también han intensificado la vigilancia sobre el mercado hipotecario. El Banco Central Europeo está revisando los criterios de concesión de préstamos para evaluar posibles riesgos asociados al incremento de la financiación inmobiliaria, mientras que el Banco de España analiza medidas destinadas a limitar la concesión de hipotecas consideradas de mayor riesgo.
El expediente se inicia además en un momento relevante para la propia CNMC, ya que coincide con el final del mandato de su presidenta, Cani Fernández, quien concluye su periodo al frente del organismo tras seis años de gestión. Hasta que se produzca el nombramiento de un sucesor por parte del Gobierno y su posterior ratificación parlamentaria, continuará ejerciendo sus funciones de forma provisional.
La decisión de Competencia añade un nuevo elemento de incertidumbre a un mercado hipotecario que vive una etapa de elevada actividad comercial y que sigue siendo uno de los principales focos de atención tanto para las entidades financieras como para los organismos supervisores.