(Expansión, 08-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La persona que sustituya a Cani Fernández al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asumirá el cargo en un momento especialmente complejo, con 158 expedientes sancionadores aún pendientes de resolución, la mayoría vinculados al sector energético. La renovación parcial de la dirección del organismo, prevista para las próximas semanas, coincide con una etapa de intensa actividad inspectora y sancionadora. La CNMC, encargada de velar por el correcto funcionamiento de los mercados y la competencia en España, mantiene actualmente 753 procedimientos abiertos, de los cuales 158 corresponden a expedientes por posibles infracciones todavía sin cerrar.
Parte de estos casos están ya judicializados o derivan de investigaciones que se han dividido en distintos procedimientos relacionados entre sí. Descontando estas circunstancias, el número efectivo de expedientes se sitúa en torno al centenar. Buena parte de ellos tienen su origen en la investigación sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, que por sí sola ha generado más de 60 procedimientos, muchos de ellos calificados como graves o muy graves.
La legislación eléctrica contempla sanciones de hasta 60 millones de euros para las infracciones muy graves, mientras que la normativa de hidrocarburos fija un máximo de 30 millones. Las faltas graves pueden ser castigadas con multas de hasta seis millones de euros y las leves con importes que alcanzan los 600.000 euros. Según datos internos del organismo, el 13% de los expedientes pendientes corresponden a infracciones muy graves, el 80% a graves y el resto a leves. Si todos ellos concluyeran con las sanciones máximas previstas por la ley, el importe potencial de las multas podría situarse entre los 1.000 y los 1.200 millones de euros.
La mayor presión recae actualmente sobre las empresas energéticas. Aunque los expedientes afectan a actividades relacionadas con carburantes, gas y electricidad, el segmento eléctrico concentra la mayor atención debido a las consecuencias derivadas del gran apagón y al peso de las compañías implicadas. Entre las empresas con más procedimientos abiertos destacan Iberdrola, con 25 expedientes, y Endesa, con 19. A continuación figura Naturgy, con 12. También aparecen entre las compañías investigadas Repsol, Cox, Alpiq, BP, Gesternova, Holaluz, Contour Global, TotalEnergies y Vitol, entre otras.
La gestión de esta amplia cartera de expedientes y las previsibles disputas judiciales con las empresas afectadas constituirán uno de los principales retos para la futura dirección de la CNMC. El próximo 16 de junio concluyen los mandatos de la presidenta, Cani Fernández, y de los consejeros Carlos Aguilar y Josep Maria Salas. También quedó vacante hace meses el puesto de la consejera Pilar Sánchez tras su salida por motivos personales, sin que hasta ahora se haya designado un sustituto.
Si el Gobierno no aprueba nuevos nombramientos antes de esa fecha y los actuales responsables no presentan su renuncia, la legislación permite que continúen ejerciendo sus funciones de forma provisional hasta que se produzca la renovación. Esta situación ya se ha producido anteriormente en la historia del organismo, con presidencias interinas prolongadas durante meses e incluso años.
Por el momento, el Ejecutivo no ha desvelado quién relevará a Fernández, pese a que existen varios candidatos, algunos de ellos dentro del propio consejo de la CNMC. Todo apunta a que la decisión podría retrasarse hasta el último momento o incluso más allá del vencimiento oficial de los mandatos, en un contexto marcado por las negociaciones políticas sobre otros asuntos de relevancia, como los Presupuestos Generales del Estado para 2027.
Quien asuma la presidencia heredará una institución profundamente transformada durante los seis años de mandato de Cani Fernández. La actual CNMC nació en 2013 tras la integración de los antiguos organismos reguladores de competencia, energía y telecomunicaciones. Desde entonces ha gestionado más de 40.000 procedimientos de distinta naturaleza. De los 1.065 expedientes sancionadores tramitados por la CNMC desde su creación, 561 han estado relacionados con el sector energético. Durante la etapa de Fernández se han gestionado 14.694 procedimientos, entre ellos 589 expedientes sancionadores, de los cuales 379 afectaban a compañías energéticas.
Esto significa que en los últimos seis años se han abierto aproximadamente dos tercios de todos los expedientes sancionadores dirigidos contra empresas energéticas desde la creación de la CNMC, una cifra que duplica la registrada durante el sexenio anterior.