(El País, 20-05-2026) | Laboral
El Congreso de los Diputados afrontará este miércoles 20 de mayo una votación decisiva para miles de abogados, procuradores, arquitectos e ingenieros que han cotizado para su jubilación a través de mutualidades profesionales en lugar de hacerlo mediante la Seguridad Social. Tras varios años de protestas y negociaciones, el Gobierno pretende impulsar una pasarela que permita transformar los fondos acumulados en esas mutualidades privadas, como la Mutualidad de la Abogacía, en años cotizados dentro del sistema público de pensiones.
El origen de las reclamaciones está en las bajas prestaciones que reciben numerosos mutualistas al jubilarse. Muchos abogados denuncian que las cantidades ahorradas durante décadas apenas les garantizan pensiones inferiores a 500 euros mensuales en doce pagas, muy por debajo de los más de 1.300 euros de media que perciben los autónomos jubilados integrados en el RETA. Entre los procuradores, algunos casos se sitúan incluso por debajo de los 300 euros al mes. Esta situación ha llevado a los afectados a movilizarse y a intensificar la presión política sobre todos los grupos parlamentarios.
Después de años de conversaciones, el Ministerio de Seguridad Social anunció en abril de 2024 el inicio de los trámites para crear esta pasarela. El objetivo también pasa por acabar progresivamente con el sistema de alternatividad que permitía a determinados profesionales cotizar exclusivamente mediante mutualidades en vez de hacerlo en el sistema público, una fórmula que incluso fue obligatoria hasta 1996 en algunos colectivos.
El avance más importante llegó recientemente en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, donde prosperó una enmienda transaccional impulsada por el PSOE dentro de una proposición de ley. Aunque el resto de grupos optaron por abstenerse, la propuesta salió adelante. No obstante, fuentes de la negociación aclaran que esa abstención no implica un apoyo definitivo, sino la voluntad de facilitar que algún tipo de solución termine aprobándose.
Este miércoles la Comisión de Seguridad Social estudiará las enmiendas de los grupos parlamentarios antes de que el texto pase al Pleno del Congreso. Si la tramitación avanza según lo previsto, el Gobierno confía en que la ley pueda quedar aprobada antes del verano.
Más de 100.000 profesionales vinculados al derecho, la arquitectura o las ingenierías siguen pendientes de una norma que regule esta conversión de cotizaciones. Personas implicadas en la negociación aseguran que existe una amplia voluntad política para resolver un problema que lleva años enquistado y que afecta a miles de jubilados y futuros pensionistas.
La principal discusión gira en torno a cómo se calculará la equivalencia entre el dinero acumulado en las mutualidades y los años reconocidos en la Seguridad Social. Desde el inicio de las protestas han surgido distintas plataformas con posiciones diferentes. Algunas, como J2, defendían que cada año cotizado en una mutualidad equivaliera directamente a un año completo en el RETA. Otras asociaciones, como Anama, Anamarq o AMCO, aceptan aplicar factores de conversión para ajustar las diferencias entre ambos sistemas.
Este aspecto es clave porque el número de años cotizados determina tanto el acceso a la pensión mínima -que exige al menos 15 años- como el importe final de la prestación. Algunos expertos consideran que los mutualistas más jóvenes, especialmente los menores de 50 años, podrían optar por mantener sus ahorros en la mutualidad y empezar a cotizar directamente en la Seguridad Social para alcanzar el mínimo exigido. En cambio, quienes superan esa edad probablemente recurrirán mayoritariamente a la pasarela.
El proyecto también contempla un tratamiento específico para los mayores de 55 años, que disponen de menos margen para acumular nuevas cotizaciones. En estos casos, cada año aportado a la mutualidad sería reconocido como un año cotizado en la Seguridad Social, facilitando así el acceso a la pensión mínima del RETA.
La base del sistema consistirá en trasladar voluntariamente los fondos acumulados en las mutualidades hacia la Seguridad Social. El cálculo tiene en cuenta que las cotizaciones al RETA no se destinan íntegramente a la jubilación, sino también a cubrir otras contingencias como incapacidad permanente, viudedad u orfandad.
El economista José Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia, elaboró un informe para la asociación Anama en el que explica que parte de las cuotas del RETA funcionan como seguros destinados a cubrir riesgos concretos y cuyo dinero no puede recuperarse posteriormente. Por ejemplo, si un autónomo paga 270 euros mensuales, solo una parte se destina realmente a la futura pensión de jubilación.
Uno de los puntos más controvertidos es precisamente el denominado factor de conversión. La propuesta que se debatirá inicialmente en el Congreso fija un coeficiente del 0,77, mientras que el informe de Devesa planteaba uno inferior, del 0,57. Cuanto menor es ese coeficiente, más favorable resulta para los mutualistas, ya que permite reconocer más años cotizados por el mismo capital acumulado.
Con el factor del 0,57, un mutualista con 5.700 euros acumulados podría obtener el equivalente a diez años de cotización en el RETA. En cambio, con el coeficiente del 0,77, esa misma cantidad solo serviría para computar algo más de siete años. Por ello, la mayoría de asociaciones de afectados rechazan la propuesta inicial del Gobierno.
Otro de los problemas detectados afecta a quienes abandonaron las mutualidades y se dieron de alta en el RETA durante los últimos años. La redacción actual deja fuera de la pasarela a estos profesionales, aunque el texto contempla estudiar específicamente la situación de quienes se incorporaron al RETA a partir del 1 de enero de 2023. Diversos expertos consideran que excluirlos generaría una clara desigualdad respecto al resto de mutualistas.
Tampoco se contempla por ahora una solución para los llamados mutualistas pasivos, es decir, aquellos abogados o procuradores que ya cobran una pensión procedente de su mutualidad. Las asociaciones consideran injusto que el colectivo más afectado quede excluido de la reforma y reclaman que también puedan beneficiarse de algún mecanismo corrector. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación reconocen que resulta poco probable que esta situación se modifique durante la tramitación parlamentaria.