(La Vanguardia,19-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La futura Industrial Accelerator Act que prepara la Unión Europea para reforzar la autonomía estratégica del continente ya está teniendo efectos sobre la actividad económica, aunque en un sentido distinto al que sugiere su denominación. Grandes grupos inversores chinos están acelerando sus movimientos en España con el objetivo de cerrar proyectos industriales antes de que Bruselas apruebe una normativa que podría endurecer notablemente las condiciones para las inversiones extracomunitarias, según fuentes próximas a las negociaciones.
La mayor parte de estas operaciones se concentra en el sector de la automoción, aunque también afecta a otros ámbitos industriales. El fabricante chino SAIC Motor está cerca de anunciar la ubicación de su primera planta europea en Galicia, una instalación con la que pretende esquivar los aranceles aplicados a los vehículos procedentes de China. Por su parte, Stellantis ya ha alcanzado un acuerdo con la firma china Leapmotor para fabricar coches eléctricos en las plantas de Figueruelas y Villaverde. Además, compañías como Changan Automobile, BYD y Geely exploran posibles proyectos industriales en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Estos movimientos cuentan con el respaldo del Gobierno chino, que considera a España como uno de los principales puntos de entrada para sus inversiones industriales en Europa. El viaje de Pedro Sánchez a China el pasado abril sirvió también para mantener contactos con potenciales inversores interesados en desarrollar proyectos en territorio español. Entre las compañías presentes en esos encuentros figuraban el gigante de las baterías CATL, que construye una planta en Zaragoza, o Chery, que ya produce vehículos en las antiguas instalaciones de Nissan. También participaron las energéticas China Three Gorges y China Energy Engineering Corporation.
No obstante, el principal foco de atención de Pekín está puesto en Bruselas y en la futura legislación europea destinada a acelerar la industria estratégica comunitaria. La norma se encuentra todavía en una fase inicial de tramitación legislativa, tras la propuesta presentada por la Comisión Europea a comienzos de marzo. Ahora serán el Parlamento Europeo y el Consejo quienes negocien el texto y planteen posibles modificaciones.
Uno de los aspectos más delicados de la futura regulación establece que cualquier inversión extracomunitaria superior a 100 millones de euros en sectores considerados estratégicos estará sometida a exigentes condiciones regulatorias. Si el país inversor controla más del 40% de la capacidad mundial de producción en ese ámbito, la operación deberá articularse mediante una sociedad conjunta en la que el socio extranjero no podrá superar el 49% del capital.
La normativa se orienta especialmente hacia sectores como la energía fotovoltaica, el vehículo eléctrico, las baterías y las materias primas críticas. Además, contempla la obligación de realizar transferencias tecnológicas como condición para determinadas inversiones. Aunque el texto no menciona expresamente a China, las medidas están claramente dirigidas a limitar la dependencia europea de las capacidades industriales chinas. En cierto modo, Bruselas estaría replicando mecanismos similares a los que Pekín ha exigido durante años a las empresas europeas para operar en su mercado.
Fuentes conocedoras de las negociaciones apuntan a que la tramitación avanza más lentamente de lo deseado por Bruselas debido a las reticencias de algunos países, especialmente Alemania, hacia las medidas de corte más proteccionista defendidas por el comisario europeo de Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné.
Mientras tanto, la Comisión Europea ya está adoptando decisiones concretas en esta línea. Entre ellas figura el bloqueo de financiación comunitaria para proyectos fotovoltaicos que empleen determinados componentes críticos -como inversores fabricados en China y otros países- debido a los riesgos asociados a la seguridad de las redes eléctricas. Estos dispositivos intercambian información con la red y, según Bruselas, podrían facilitar desconexiones masivas o contribuir a apagones.
En paralelo, el Gobierno español ultima la aprobación del real decreto que permitirá crear el nuevo Comité de Inversiones Estratégicas, cuya puesta en marcha está prevista después del verano. La norma incluirá todas las habilitaciones jurídicas necesarias para su funcionamiento.
Este órgano, coordinado por la Oficina Económica de Moncloa y con participación de varios ministerios, tendrá como misión identificar proyectos considerados estratégicos y facilitar su desarrollo mediante procedimientos administrativos acelerados y mayores facilidades de gestión.
El nuevo comité coexistirá con la Junta de Inversiones Exteriores, organismo que desde la pandemia opera con competencias reforzadas y que permite al Ejecutivo analizar e incluso vetar inversiones extranjeras en compañías estratégicas o de determinado tamaño si considera que afectan a intereses nacionales.