(El Economista, 30-03-2026) | Laboral
El pasado jueves, el Congreso de los Diputados dio luz verde al paquete de medidas diseñado por el Gobierno como respuesta al conflicto en Irán. Esta norma, además de contemplar rebajas fiscales, reduce a la mitad el plazo para que las empresas de cierto tamaño -más de 200 empleados o más de 100 por turno- negocien con los sindicatos planes de movilidad laboral. Esta modificación obliga a miles de compañías a iniciar negociaciones sin una guía definida, lo que, según fuentes empresariales, dificultará cumplir los plazos establecidos.
Esta exigencia ya había sido introducida en diciembre mediante una ley promovida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que fijaba un plazo de 24 meses para implantar medidas orientadas a optimizar los desplazamientos de trabajadores, clientes y proveedores. Sin embargo, el Ejecutivo ha reducido ese periodo a 12 meses, argumentando el impacto del encarecimiento energético derivado del conflicto en Oriente Medio.
Aunque no existe un registro exacto de empresas por número de empleados por turno, los datos de la Seguridad Social indican que en febrero había más de 6.000 empresas con plantillas superiores a 250 trabajadores, por lo que estarían afectadas por esta obligación. En conjunto, más de siete millones de empleados trabajan en compañías de este tamaño, muchas de las cuales ya cuentan con iniciativas de movilidad, aunque podrían no ajustarse a los requisitos que se definirán en el futuro reglamento.
La normativa impulsada por el ministro Óscar Puente establece que estos planes deben negociarse con la representación legal de los trabajadores. En caso de no existir, se deberá convocar a los sindicatos más representativos, como CCOO y UGT, además de los del sector, para formar la mesa negociadora. Este requisito genera dudas sobre los plazos, ya que la elevada carga de trabajo de estos sindicatos ha retrasado previamente otros procesos, como los planes de igualdad.
Desde el ámbito empresarial se advierte que será complicado desarrollar estos planes en empresas sin representación sindical, dado que los sindicatos ya están saturados. Además, cuestionan que la movilidad se haya incorporado como contenido obligatorio en los convenios colectivos, pese a no tratarse estrictamente de una materia laboral.
Por su parte, tanto CCOO como UGT valoran positivamente la reducción de plazos. Desde CCOO consideran que un año es suficiente, especialmente en grandes empresas que ya tienen avances en esta materia, aunque alertan de que la rapidez podría llevar a soluciones superficiales. En la misma línea, UGT pide al Gobierno que apruebe cuanto antes el reglamento que concrete los requisitos para evitar errores durante la negociación, y apuesta por una mayor coordinación entre los ministerios implicados.
El calendario inicial fijaba el plazo hasta diciembre de 2027, pero ahora se adelanta un año, lo que deja menos de ocho meses efectivos para negociar medidas como ayudas al transporte público, impulso del teletrabajo, uso del vehículo eléctrico o sistemas de transporte compartido. Todo ello, además, en un contexto de falta de directrices claras.
La ley también establece que, en ausencia de representantes de los trabajadores, los sindicatos mayoritarios asumirán la negociación, algo que ha sido criticado por organizaciones como Fetico. Su secretario general, Antonio Pérez, considera que esta medida refuerza en exceso el papel de CCOO y UGT, generando una "sobresindicalización" de los procesos y facilitando que estos sindicatos introduzcan otras cuestiones en la negociación.
Asimismo, Pérez duda de que estas medidas puedan incorporarse a los convenios colectivos en el corto plazo, especialmente en un contexto en el que aún no se ha renovado el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva ni se han iniciado las negociaciones correspondientes. Como ejemplo, menciona los planes LGTBI, cuya implantación ha sido limitada. En su opinión, la obligación de incluir aspectos de movilidad en los convenios resulta poco exigente, ya que se limita a plantear el debate sin establecer criterios claros ni objetivos mínimos a cumplir.