(La Vanguardia, 26-01-2026) | Laboral
La patronal intensifica su ofensiva contra el absentismo laboral. A través de una carta dirigida al Ministerio de Seguridad Social, las organizaciones empresariales reclaman la reactivación de la mesa de negociación para frenar el fuerte incremento de las bajas laborales y el elevado impacto que estas tienen en las empresas.
Las empresas tratan de poner freno a una situación que consideran desbordada, tanto por el coste económico como por los problemas organizativos derivados de las ausencias de los trabajadores. Desde la pandemia, el número de procesos de incapacidad temporal ha crecido más de un 50%, superando los nueve millones anuales. Cada día, cerca de 1,4 millones de personas ocupadas no acuden a su puesto de trabajo, y el coste total del absentismo alcanza ya los 33.000 millones de euros al año, una carga que recae tanto sobre las empresas como sobre la Seguridad Social.
Ante este escenario, la CEOE ha reclamado al Ministerio de Seguridad Social que convoque de manera urgente la mesa de diálogo sobre incapacidad temporal, creada tras el anuncio del departamento que dirige Elma Saiz de estudiar medidas para contener el impacto de las bajas. Este gasto, que ya supera los 16.000 millones de euros en 2025, es la segunda mayor partida del sistema tras las pensiones. Además, la patronal recuerda la presión que estos procesos suponen para los servicios públicos de salud, responsables del seguimiento médico y de la emisión de las altas laborales.
En el marco de esa mesa, las organizaciones empresariales han planteado propuestas para agilizar los trámites, como acelerar pruebas diagnósticas, tratamientos y citas médicas, e incluso permitir que las mutuas puedan otorgar el alta a los trabajadores. No obstante, la negativa de los sindicatos a ampliar las competencias de los servicios médicos privados en los procesos de incapacidad temporal ha bloqueado las negociaciones.
Mientras tanto, el impacto sobre las empresas continúa aumentando. Más allá del coste económico, el absentismo afecta a la productividad y al funcionamiento diario de los negocios, que en muchos casos afrontan serias dificultades para reorganizar el trabajo. Por ello, desde la CEOE, la directora del departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social, Rosa Santos, ha llegado a plantear la posibilidad de que las empresas dejen de abonar las cotizaciones sociales durante las bajas si no se adoptan medidas eficaces.
"Llegaremos a pedir que las empresas dejen de pagar las cotizaciones durante los periodos de baja", afirmó Santos durante una jornada sobre absentismo celebrada en el Congreso de los Diputados y organizada por la patronal de empresas de limpieza ASPEL, señalando esta opción como último recurso ante la carga que soporta el tejido productivo.
La representante empresarial cuestionó que las compañías deban asumir un problema que atribuye a deficiencias en la gestión administrativa y recordó la existencia de fraude en algunos procesos de baja que, a su juicio, debería atajar la Administración. Según datos de la patronal, el 7% de los trabajadores concentra el 50% de las bajas laborales, y subrayan que el INSS dispone de la identificación de estos casos. En este contexto, plantean que la Seguridad Social asuma directamente los procesos de los llamados trabajadores "hiperfrecuentadores" o, en su defecto, solicite el apoyo de las mutuas.
Además, la CEOE propone revisar los complementos salariales previstos en algunos convenios colectivos que compensan la pérdida de ingresos durante la baja. A su entender, estos complementos suponen "un problema muy grave" porque pueden incentivar el absentismo o, al menos, no disuadirlo.
La patronal también señala a la "deficiente regulación de los permisos" como uno de los factores que más contribuyen a las ausencias laborales. Según la CEOE, desde septiembre de 2022 -cuando concluye la senda de acuerdos con la Seguridad Social y disminuye la supervisión europea sobre el cumplimiento del plan de recuperación- se ha producido una avalancha de reformas del Estatuto de los Trabajadores, con más de 60 modificaciones. En ese periodo, el artículo relativo a los permisos se ha alterado 13 veces y el de la jornada laboral, 34.
Las organizaciones empresariales advierten de que esta situación está generando una "grave inseguridad jurídica" y una "interferencia muy intensa en la negociación colectiva", factores que, a su juicio, favorecen el aumento del absentismo. A ello se suman las dificultades para sustituir a los trabajadores de baja y la falta de recursos en la sanidad pública, que retrasa la atención médica.
Rosa Santos destacó también que se han firmado seis acuerdos con comunidades autónomas para que las mutuas se hagan cargo de las contingencias traumatológicas -las que generan más bajas- con el fin de aliviar la presión sobre el sistema público, aunque reconoció que en algunos territorios la firma de estos convenios se ha visto frenada por motivos políticos.
Por último, recordó que debería haberse constituido una comisión de seguimiento para analizar las causas de las bajas por contingencias comunes y proponer soluciones, algo que todavía no se ha llevado a cabo. También reclamó abordar sistemas de penalización o incentivos vinculados a la siniestralidad laboral. En este contexto, la patronal muestra su sorpresa por el hecho de que la mesa de diálogo social de la Seguridad Social no se reúna desde el pasado mes de octubre.