(El Confidencial, 12-01-2026) | Laboral
La comisión encargada de evaluar la reforma laboral está ultimando los trabajos para hacer público el primer informe sobre los efectos de la norma de 2022 en la temporalidad del sector privado. Sin embargo, las organizaciones empresariales han optado por no formar parte del proceso. Un episodio más que pone de manifiesto el distanciamiento absoluto entre CEOE y Cepyme y el Ministerio de Trabajo, muy alejado del clima de entendimiento que caracterizó la legislatura anterior.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dio a conocer a finales de abril de 2025 la composición de la comisión de expertos, en la que inicialmente figuraban dos representantes de las patronales -Rosa Santos por CEOE y Teresa Díaz por Cepyme-. No obstante, según explican fuentes empresariales, tras valorar internamente el desarrollo de la primera reunión, se decidió abandonar la comisión y no participar en sus conclusiones.
Desde CEOE se argumenta que en ese primer encuentro se produjo una "estigmatización de las empresas" y una "extralimitación en los contenidos" del informe. De hecho, en un comunicado emitido el 30 de abril, la organización empresarial ya advirtió de que la convocatoria estuvo "marcada por el oportunismo político". Por su parte, Díaz defendió durante la presentación de la comisión que se trata de un órgano "absolutamente plural" y que sus integrantes actúan con "plena independencia" en sus debates.
En el trasfondo del conflicto, los empresarios vienen denunciando de forma reiterada un creciente "intervencionismo" del Ministerio de Trabajo en las relaciones laborales, así como un "incremento constante de costes impuestos por el Gobierno sin consenso o en contra del diálogo social". Uno de los puntos de mayor fricción fue el cambio introducido en 2024 en la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos, que alteró lo pactado con CEOE para recabar su apoyo a la reforma laboral y facilitar el respaldo del PNV a la investidura de Pedro Sánchez.
La retirada de CEOE de la comisión de evaluación refleja con claridad la evolución de la relación entre la patronal y el Gobierno, y en particular con Yolanda Díaz. El recorrido comenzó con la firma de la subida del salario mínimo en 2020, del 5,5 %, continuó con numerosos acuerdos durante la pandemia para desplegar los ERTE y culminó con el pacto de la reforma laboral de 2022 tras once meses de negociación con sindicatos y Ejecutivo. En aquel acuerdo, los empresarios lograron introducir mecanismos de flexibilidad en la contratación y frenar la recuperación de figuras como los salarios de tramitación, reivindicadas por las organizaciones sindicales.
Cuatro años después de la publicación de la reforma en el BOE, la patronal rechaza ahora participar en la evaluación comprometida con la Comisión Europea a través de la disposición adicional vigesimocuarta. Fuentes de la comisión indican que la próxima semana se celebrará una reunión para revisar el borrador del informe, por lo que su publicación podría producirse a lo largo de este mes. En abril, Díaz había señalado que el documento estaría disponible antes de que finalizara el año, aunque el encuentro de revisión se ha pospuesto unas semanas.
En principio, el informe se centrará en analizar, con periodicidad bienal, la evolución sectorial de la contratación temporal e indefinida. Si los datos evidencian que no se avanza en la reducción de la temporalidad, el Gobierno podría plantear nuevas medidas. Según explicó el coordinador de la comisión, el catedrático de Economía Luis Ayala, el objetivo es identificar "qué hay detrás del cambio en las tasas y de la temporalidad en general" y formular recomendaciones en consecuencia.
La comisión está integrada por siete miembros: dos académicos designados por los ministerios de Economía y de Seguridad Social, un técnico de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, una asesora del Ministerio de Trabajo y dos representantes de CCOO y UGT.
De acuerdo con los datos de la EPA, la tasa de temporalidad en el sector privado se situó en el tercer trimestre de 2025 en el 13 % -12,5 % de media en los últimos doce meses-, frente al 24,7 % registrado en el verano de 2021. Aunque el número de trabajadores indefinidos discontinuos ha aumentado tras la reforma, estos representan entre el 4 % y el 5 % del total de contratos indefinidos. Con estos niveles, España se sitúa en la media europea en materia de temporalidad.
La reducción de la temporalidad es evidente y ha venido acompañada, aunque de forma más moderada, de un aumento de la duración media de los contratos que finalizan, lo que apunta a una mayor estabilidad laboral. No obstante, el Banco de España sigue detectando una elevada rotación en la contratación. A día de hoy, las posibilidades de que CEOE y Cepyme alcancen acuerdos con el Ministerio de Trabajo son muy limitadas. Entre los últimos desencuentros figuran la mesa de actualización de la normativa de prevención de riesgos laborales y la negociación para ampliar los permisos por fallecimiento y cuidados paliativos.
El Ministerio de Trabajo dio por cerradas ambas mesas tripartitas en noviembre y diciembre de 2025 y continúa negociando únicamente con los sindicatos. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, atribuye esta situación a una estrategia política de la patronal, basada en el cálculo de que la debilidad parlamentaria del Ejecutivo dificultará la aprobación de nuevas normas en el Congreso. A ello se suma la falta de apoyos internos de la propia Díaz, como ya ocurrió con la reducción de la jornada laboral.
La comisión de evaluación de la reforma laboral no es el primer órgano del que se descuelga CEOE. Ya hizo lo mismo con la comisión de expertos sobre el salario mínimo, a la que fue invitada pero declinó asistir. En esta ocasión, además, las organizaciones empresariales han sido especialmente críticas con el informe de los expertos sobre el SMI de 2026, cuestionando sus criterios de cálculo y calificando su enfoque de más político que técnico.
La mesa tripartita para el SMI de 2026 sigue formalmente abierta tras la propuesta del Ministerio de Trabajo de modificar la ley de desindexación de los contratos públicos, una vía que se considera poco viable ante la negativa de los ministerios socialistas competentes. Todo apunta, por tanto, a que el eventual acuerdo vuelva a cerrarse únicamente con los sindicatos.