(Expansión, 26-03-2026) | Laboral
Las organizaciones empresariales han acogido con satisfacción el contundente dictamen del Consejo de Estado sobre el real decreto que pretende endurecer el registro horario, obligando a que sea completamente digital y accesible para la Inspección de Trabajo. Más allá del varapalo que supone para el departamento encabezado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, el informe se interpreta como un respaldo clave para la patronal de cara a un previsible enfrentamiento en los tribunales.
Desde la CEOE lo tienen claro: el dictamen refuerza su intención, ya expresada públicamente, de recurrir la norma si finalmente sale adelante. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo asume que la batalla judicial será inevitable una vez que el decreto sea aprobado por el Consejo de Ministros. Al tratarse de una norma reglamentaria, no requiere aprobación parlamentaria y entraría en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, con un plazo de seis meses para adaptarse a las nuevas exigencias digitales.
En el ámbito empresarial se muestran confiados ante una posible impugnación, ya que muchas de las críticas del Consejo de Estado coinciden con sus propias alegaciones. En concreto, el dictamen cuestiona cinco puntos clave del proyecto: el uso inadecuado de la vía reglamentaria, la intromisión en la negociación colectiva (en relación con el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores), la imposición de un sistema exclusivamente digital, los posibles riesgos para la protección de datos por falta de evaluación previa y la tramitación por la vía de urgencia sin justificación suficiente.
Además, la patronal considera respaldada su preocupación por el impacto económico de la medida en las empresas, así como por la ausencia de un análisis detallado según sectores. Otro de los aspectos más polémicos es el acceso remoto a información sensible por parte de la Inspección de Trabajo y de los representantes de los trabajadores, lo que podría vulnerar derechos fundamentales como la intimidad y la protección de datos personales.
El propio dictamen advierte de que ciertas medidas, especialmente las relacionadas con el acceso continuo a los datos y su tratamiento, podrían implicar un control excesivo sin las garantías necesarias. En la misma línea, CEOE y Cepyme ya habían alertado del riesgo de que se invadan derechos constitucionales, tanto por el acceso sindical como por la supervisión remota de la Inspección.
Desde el sector de la construcción, su presidente, Pedro Fernández Alén, defiende que aspectos como el registro horario -especialmente en su vertiente digital- deberían concretarse en el marco de la negociación colectiva, adaptándose a las particularidades de cada sector mediante acuerdos entre empresas y sindicatos.