(Expansión, 19-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La CEOE considera que una reducción permanente de los costes regulados, los impuestos y los cargos del sistema eléctrico, junto con una revisión de los servicios de ajuste del mercado energético, permitiría ahorrar miles de millones a empresas y hogares, mejorar la competitividad y generar 26.310 millones de euros adicionales de PIB a partir de 2032.
El encarecimiento de la energía provocado por el conflicto en Oriente Próximo ha llevado al Gobierno a aprobar un nuevo paquete de medidas para amortiguar sus efectos sobre la economía, el tercero desde el inicio de la guerra. Sin embargo, la patronal sostiene que estas actuaciones temporales resultan insuficientes para contener de forma duradera los precios de la energía y mejorar la posición competitiva de las empresas españolas, especialmente de las pymes y la industria.
Aunque el mercado mayorista eléctrico español presenta precios más competitivos que los de las principales economías europeas gracias al peso de las energías renovables, esta ventaja no se refleja plenamente en las facturas de la industria electrointensiva. Según un informe de la CEOE, el pasado 14 de septiembre estas empresas pagaron por la electricidad un 38% más que sus homólogas francesas y un 14% más que las alemanas. La patronal atribuye esta diferencia a los impuestos, los costes regulados, los cargos del sistema y los servicios de ajuste, cuyo coste se ha multiplicado por más de cuatro desde 2019.
Ante esta situación, la organización presidida por Antonio Garamendi reclama a los partidos políticos, en un contexto de proximidad electoral, un plan estructural que permita reducir el precio de la electricidad y reforzar la competitividad empresarial. El documento recupera propuestas trasladadas anteriormente al Ejecutivo e incorpora estimaciones sobre sus efectos en la actividad económica, la recaudación pública y los costes que soportan los consumidores.
Entre las principales medidas planteadas figuran una reducción permanente de los impuestos especiales sobre la electricidad y el gas, la redistribución de los cargos que no están directamente relacionados con el suministro, la exención de peajes para la industria electrointensiva y la revisión de la operación reforzada del sistema eléctrico y de las restricciones técnicas.
De acuerdo con los cálculos de la CEOE, la aplicación conjunta de estas iniciativas permitiría generar un ahorro acumulado de 25.730 millones de euros para los consumidores durante los primeros cinco años. La reducción de los costes energéticos se traduciría en un descenso de la factura de entre el 16% y el 41%, dependiendo del tipo de consumidor, ya sean hogares, pequeñas y medianas empresas o grandes industrias.
La patronal propone desplegar el plan de manera progresiva, mediante modificaciones en los Presupuestos Generales del Estado que sumarían cerca de 27.000 millones de euros entre 2027 y 2031. La mayor parte de estos recursos se destinaría a trasladar a los presupuestos públicos determinados cargos eléctricos que actualmente se repercuten en la factura, entre ellos las ayudas a las energías renovables. La CEOE defiende que estos costes deberían repartirse entre el conjunto de la sociedad, puesto que sus beneficios no se limitan a los consumidores de electricidad.
El ahorro energético previsto también tendría repercusiones sobre el crecimiento económico. Según las estimaciones de la organización empresarial, la reducción de los costes permitiría incrementar el PIB en una media de 4.380 millones de euros anuales. De este modo, en 2032 la economía española acumularía 26.310 millones de euros adicionales respecto a un escenario en el que no se aplicaran las medidas propuestas.
La CEOE sostiene, además, que el plan no supondría necesariamente una merma de los ingresos públicos, pese a la reducción inicial de determinados impuestos. En un contexto de aumento del gasto público y de las necesidades de financiación derivadas de las sucesivas crisis, la patronal considera que el impulso de la actividad económica podría compensar la pérdida recaudatoria inicial e incluso generar ingresos adicionales.
En concreto, el informe calcula que la recaudación inducida por las medidas fiscales, entre ellas la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, alcanzaría los 7.760 millones de euros. Esta cantidad superaría los 7.110 millones de euros que dejarían de ingresarse entre 2027 y 2031 como consecuencia de las reducciones fiscales planteadas. La explicación, según la organización, estaría en el aumento del consumo, la inversión y la actividad empresarial, que contribuiría a elevar los ingresos procedentes de otras figuras tributarias.
El documento también contempla mecanismos de financiación vinculados a la política medioambiental. La CEOE propone aprovechar el remanente de derechos de emisión disponibles para España para incrementar las compensaciones destinadas a las industrias que soportan costes indirectos derivados de las emisiones contaminantes.
Las estimaciones apuntan a que el remanente acumulado durante los próximos cinco ejercicios ascendería a 8.300 millones de euros, mientras que las ayudas compensatorias propuestas alcanzarían los 5.060 millones. La relación entre ambos importes llegaría a su nivel máximo anual en 2030, cuando las ayudas equivaldrían al 71% de los recursos disponibles, según los cálculos de la patronal.
Junto a las medidas cuantificadas, la CEOE plantea otras actuaciones para mejorar la competitividad energética y estimular la actividad económica. Entre ellas se encuentran la revisión de los peajes del gas, el refuerzo de las redes energéticas, la creación de avales y otros instrumentos de apoyo financiero, el impulso a la producción de biometano y la aplicación de descuentos a la inyección de gases renovables en las redes.