(El País, 14-10-2026) | Laboral
Los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han anunciado este martes que reclamarán al Gobierno un incremento del 7% del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027, lo que situaría la cuantía en torno a los 1.306 euros brutos mensuales en 14 pagas, por encima de los 1.500 euros si se distribuye en 12 mensualidades.
Actualmente, el salario mínimo se sitúa en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, tras aumentar un 3,1% en 2026, lo que supuso una mejora de 37 euros al mes. La subida fue acordada por el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales, pero contó con el rechazo de las patronales CEOE y Cepyme. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, el SMI ha aumentado un 66%, al pasar de 736 a 1.221 euros, mientras que los precios acumularon hasta 2025 un incremento del 23%. Esta evolución se ha traducido en una mejora considerable del poder adquisitivo de quienes perciben el salario mínimo.
Los sindicatos justifican su petición del 7% por dos motivos. Por una parte, pretenden que el SMI mantenga una evolución acorde con el aumento de los salarios medios, que estiman próximo al 5%, y alcance el objetivo de representar el 60% de la remuneración media. Por otra, consideran necesario compensar el impacto del repunte de la inflación registrado desde el verano, que ha generado un desfase de aproximadamente dos puntos porcentuales y amenaza con reducir el poder de compra de los trabajadores.
Sordo y Álvarez han reconocido que todavía no han trasladado formalmente esta propuesta al Ejecutivo. «Por una vez que sean ellos los que se enteran por los medios de comunicación, no pasa nada», ha señalado el secretario general de UGT. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha respondido que el Gobierno tendrá en cuenta las recomendaciones del grupo de expertos encargado de determinar cuánto debe subir el salario mínimo. Según ha explicado, el procedimiento seguirá la línea de los últimos años, con el objetivo de mantener el SMI alineado con la evolución de los salarios medios y evitar que pierda poder adquisitivo. La inflación interanual se sitúa actualmente en el 4,9%, mientras que la media de los últimos doce meses alcanza el 3,3%.
La reivindicación salarial también estará presente en la huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre, convocada por CC OO y UGT junto al Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones sindicales, con el objetivo de reclamar soluciones a la crisis de acceso a la vivienda. El paro, cuyo lema será Salarios, vivienda, precios, pretende facilitar la movilización de más de 22 millones de trabajadores y combinar las demandas laborales con las relacionadas con el encarecimiento de la vivienda y del coste de la vida.
Los responsables sindicales han defendido que la convocatoria tendrá una justificación estrictamente laboral, centrada en la necesidad de garantizar salarios suficientes para afrontar los gastos cotidianos y acceder a una vivienda. Sordo ha asegurado que no existirá «el más mínimo resquicio de ilegalidad» y ha rechazado las dudas sobre el posible carácter político de la huelga. La convocatoria señalará como destinatarios de las reivindicaciones a las organizaciones empresariales y a las administraciones públicas, con especial atención a las comunidades autónomas, que tienen competencias en materia de vivienda, así como a los ayuntamientos y al Gobierno central.
Entre las principales propuestas de CC OO y UGT figura la creación de un parque público de vivienda asequible. Para financiarlo, reclaman destinar anualmente el 1% del PIB durante una década, con el objetivo de construir 100.000 viviendas protegidas y asequibles cada año. También plantean movilizar las viviendas vacías, especialmente las situadas en las capitales de provincia. Con estas medidas, aspiran a disponer de 1,5 millones de viviendas a precios accesibles al cabo de diez años.
En materia de alquiler, los sindicatos defienden las medidas sobre arrendamientos y desahucios recogidas en el real decreto recuperado por el Gobierno y proponen revisar la Ley de Vivienda. Sordo considera necesario modificar la normativa para que, cuando las comunidades autónomas no apliquen los límites a los alquileres en las zonas tensionadas, los ayuntamientos o el Estado puedan intervenir y adoptar medidas alternativas. Para ello, sostiene que habría que revisar el reparto legal de competencias.
Otra de las demandas sindicales consiste en endurecer la regulación de los alquileres turísticos, hasta el punto de prohibirlos directamente en las zonas tensionadas y restringirlos a las áreas donde la presión sobre el mercado residencial sea menor. CC OO y UGT han explicado que registrarán su propia convocatoria de huelga, aunque sin excluir la participación de otras organizaciones. Sindicatos minoritarios como CGT, CO.BAS y Solidaridad Obrera, así como colectivos territoriales y el Sindicato de Inquilinas, también preparan sus respectivas iniciativas. No obstante, las centrales mayoritarias han señalado que no todas las organizaciones comparten las mismas propuestas para afrontar la crisis habitacional. Sordo ha apuntado que las diferencias afectan, entre otras cuestiones, a la necesidad de construir más viviendas.
El secretario general de CC OO ha insistido en que la movilización debe tener un componente salarial claro, aunque ha descartado que las dificultades para acceder a una vivienda sean consecuencia de una evolución desastrosa de los sueldos. A su juicio, el aumento anual del precio de la vivienda, que ronda el 12%, y los sucesivos episodios inflacionistas registrados desde finales de 2021 han superado la capacidad de respuesta de la negociación colectiva. Aunque ha reivindicado la evolución de los salarios durante los últimos años, ha advertido de que esta mejora podría frenarse por la falta de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, cuya negociación la patronal lleva un año sin aceptar. En este marco, los sindicatos exigirán incrementos salariales anuales de entre el 4% para las remuneraciones más elevadas y el 7% para los sueldos medios y bajos durante los próximos tres años.
La plataforma reivindicativa de la jornada del 11 de noviembre incluirá también la defensa del sistema público de pensiones. Ante las propuestas de Vox para privatizar una parte del sistema y las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la necesidad de asumir sacrificios, Sordo y Álvarez han reclamado a los partidos que expliquen sus planteamientos de cara a la campaña electoral y aclaren si responden a una mejora de las prestaciones o a los intereses del sector financiero. Por último, los sindicatos han pedido a los grupos parlamentarios que garanticen la revalorización de las pensiones en 2027 conforme a la inflación media de 2026, tal y como establece la legislación vigente. Esta actualización supondría un incremento cercano al 3,5% de las prestaciones a partir del próximo mes de enero.