(El Economista, 20-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo
Cataluña continúa siendo la comunidad autónoma con mayor número de entes públicos, al contabilizar 272 organismos, según los datos correspondientes a julio publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Le siguen Andalucía, con 129, y la Comunidad de Madrid, con 101. La cifra catalana representa el 21,16% del total de entes públicos autonómicos existentes en España y apenas registra cambios respecto al ejercicio anterior.
Dentro de este conjunto se incluyen agencias, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles, instituciones sin ánimo de lucro, universidades y otras entidades de carácter público. En Cataluña predominan especialmente los consorcios, las fundaciones y las sociedades mercantiles, que concentran más de dos tercios del total.
Aunque muchos de estos organismos fueron creados durante las décadas de 1980 y 1990, más de la mitad surgieron a partir del año 2000 y durante la década siguiente, coincidiendo con los distintos gobiernos de la Generalitat encabezados por Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès. En 2026, el Ejecutivo de Salvador Illa ha eliminado algunos órganos considerados obsoletos con el objetivo de simplificar la estructura administrativa, si bien también ha reforzado el tamaño y los recursos de varias agencias. La reducción de 277 a 272 entes respecto a 2025 responde, principalmente, a una actualización del inventario.
Andalucía ocupa el segundo lugar con 129 organismos públicos. La cifra apenas varía respecto al año anterior, cuando contabilizaba 128. La diferencia con Cataluña se explica, en parte, por el proceso de reducción del sector público llevado a cabo tras la crisis financiera de 2008. Durante el mandato de Juan Antonio Griñán se eliminaron 111 de las 254 empresas públicas existentes y, entre 2011 y 2017, desaparecieron otros 156 entes.
Desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta, la estructura del sector público andaluz apenas ha experimentado modificaciones relevantes. Al igual que en Cataluña, predominan los consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles públicas, entidades que desarrollan actividades económicas con capital mayoritariamente aportado por las administraciones públicas.
La Comunidad de Madrid figura en tercer lugar con 101 entes públicos. Tras la reducción de más de un centenar de organismos impulsada durante el mandato de Esperanza Aguirre a raíz de la crisis económica, el número de entidades apenas ha variado. Durante la actual legislatura de Isabel Díaz Ayuso únicamente se ha suprimido Madrid Activa, organismo dedicado al desarrollo económico, tecnológico e industrial, mientras que en 2024 se constituyó la Fundación Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Por su parte, la Fundación Madrid Film Commission se encuentra actualmente en proceso de liquidación. La mayor parte de los entes madrileños también corresponden a consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles creados principalmente en la década de los noventa.
En la clasificación de este año, el País Vasco supera a Galicia y pasa a ocupar la cuarta posición, con 97 entes frente a los 94 de la comunidad gallega. La diferencia se atribuye principalmente a una mayor fragmentación de la administración local vasca y a un número más elevado de consorcios, más que a un mayor tamaño del sector público autonómico.
Si se analizan las entidades dependientes de administraciones locales, la provincia de Barcelona encabeza el listado nacional con 292 organismos, una cifra incluso superior a la de los entes adscritos a la Generalitat. Dentro de Cataluña, Tarragona cuenta con 110 entidades, Lleida con 76 y Girona con 73. En conjunto, las cuatro provincias catalanas suman 551 organismos locales, por encima de los 525 contabilizados en las ocho provincias andaluzas.
Tras Cataluña, las tres provincias del País Vasco reúnen un total de 217 entidades locales, distribuidas entre Vizcaya (101), Guipúzcoa (84) y Álava (32). La Comunidad de Madrid y Navarra registran, cada una, 96 organismos de ámbito local. En el extremo opuesto se sitúan provincias como Guadalajara, con seis entidades; Soria, con siete; y Ávila y Lugo, con nueve. La Rioja contabiliza únicamente tres entes dependientes de administraciones locales.
La mayoría de estos organismos locales gestionan servicios públicos como el abastecimiento y distribución de agua, la recogida de residuos, el mantenimiento de infraestructuras viarias o la depuración de aguas, aunque también existen entidades dedicadas a actividades deportivas, culturales o de promoción turística.
Entre las comunidades y ciudades autónomas con menor número de entes públicos destacan La Rioja y Ceuta, ambas con 18 organismos, mientras que Melilla cierra la clasificación con solo seis. Estas diferencias ponen de manifiesto que el número de entidades públicas no guarda una relación directa con la población de cada territorio, sino que responde, en gran medida, a las decisiones organizativas adoptadas por los distintos gobiernos autonómicos y locales a lo largo del tiempo.