(Expansión, 07-10-2024) | Fiscal

Cataluña, Asturias y Aragón son las comunidades autónomas españolas donde la carga fiscal afecta más negativamente su competitividad. En el caso de Cataluña, uno de los factores que limita su mejora en competitividad fiscal es la persistencia de numerosos impuestos adicionales creados por la Generalitat. Esto se desprende del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) 2024, elaborado conjuntamente por la Tax Foundation y la Fundación para el Avance de la Libertad. El informe se presentará hoy en el Senado durante la Jornada sobre Economía y Competitividad Fiscal, que contará con la presencia de cuatro consejeros autonómicos de Economía o Hacienda: Madrid, Andalucía, Extremadura y La Rioja, además de expertos internacionales en la materia.

Por quinto año consecutivo, la Comunidad de Madrid encabeza el ranking general del índice. Le siguen las provincias vascas de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa (en ese orden), con Andalucía ocupando el quinto lugar con 6,44 puntos. Este año, destaca el significativo avance de Extremadura, que sube del decimoquinto al séptimo puesto en solo un año. También La Rioja mejora dos posiciones en comparación con 2023, situándose en el octavo lugar.

Las comunidades con peores resultados en general obtienen bajas puntuaciones en la mayoría de los componentes del índice, especialmente en los tres impuestos más importantes: Renta, Patrimonio y Sucesiones. Cataluña, en la última posición, tiene el doble de impuestos autonómicos que otras comunidades. A pesar de no extender en 2024 el aumento del impuesto sobre el Patrimonio para las grandes fortunas, aprobado en 2022, la puntuación de Cataluña no mejora.

Asturias cae del decimoséptimo al decimoctavo lugar debido a la falta de reformas significativas. Para 2024, solo amplió la deducción para familias numerosas a las familias con dos hijos. Aunque no se refleja en el índice, también redujo la progresividad del impuesto sobre donaciones. El informe señala que Asturias necesita una reforma urgente del Impuesto sobre la Renta y, especialmente, del de Sucesiones, ya que los asturianos son los que más pagan por este último en comparación con otras regiones.

Aragón también desciende una posición, del decimosexto al decimoséptimo puesto, debido a la introducción de dos nuevos impuestos medioambientales sobre parques eólicos y fotovoltaicos. No obstante, ajustó un 5% a la baja los primeros tramos del Impuesto sobre la Renta (para rentas de hasta 52.500 euros) y aumentó el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio de 400.000 a 700.000 euros. Aun así, sigue estando entre las regiones con peor desempeño en los impuestos sobre Renta y Sucesiones.

La Comunidad Valenciana sube dos posiciones hasta el decimosexto puesto, gracias a las modificaciones en los impuestos de Patrimonio y Sucesiones. A finales de 2023, derogó temporalmente la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio para los ejercicios 2023 y 2024, e introdujo una bonificación del 99% en el Impuesto sobre Sucesiones para los grupos I y II, además de eliminar el impuesto sobre estancias turísticas antes de su entrada en vigor.

Sin embargo, a pesar de estas reformas, la Comunidad Valenciana sigue siendo penalizada en el índice por la falta de reformas más profundas en cada uno de los apartados analizados para mejorar su competitividad fiscal, ya que cuenta con uno de los sistemas más gravosos en términos de IRPF, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actualmente, tiene el cuarto tipo impositivo de IRPF más alto de Europa, superando a países como Bélgica, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza o Noruega.

Extremadura es la comunidad que más mejora este año, ascendiendo del decimoquinto al séptimo lugar. El índice valora varias reformas importantes implementadas a finales de 2023, alineadas con las recomendaciones del IACF. En septiembre de 2023, derogó el impuesto sobre viviendas vacías a grandes tenedores que debía entrar en vigor en 2024. También bonificó al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio y redujo en 1,5 puntos porcentuales los tipos impositivos en los dos primeros tramos del IRPF, además de aumentar los tipos en los tres tramos siguientes en 0,5 puntos para rentas de hasta 60.000 euros. Para 2024, también amplió la deducción en sucesiones hasta 500.000 euros para los grupos I y II.

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