(El País, 19-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Jornada clave este jueves en el Parlament de Cataluña. En pleno agravamiento de la crisis habitacional -que ha situado el acceso a la vivienda como el principal problema para la ciudadanía según los sondeos oficiales-, la Cámara catalana ha aprobado la regulación de los alquileres de temporada y del alquiler por habitaciones. Estas dos modalidades se habían extendido con fuerza en las grandes ciudades y habían tensionado aún más el mercado, al convertirse en una vía habitual para sortear los límites de precios establecidos por la ley estatal de vivienda. Una vez más, Cataluña actúa como banco de pruebas en materia de regulación, impulsada inicialmente por entidades defensoras del derecho a la vivienda y movimientos vecinales.
La norma aprobada, denominada Ley de medidas en materia de vivienda y urbanismo, introduce cambios en la legislación catalana de urbanismo y vivienda. Tras una larga sesión parlamentaria con decenas de enmiendas, salió adelante con el respaldo de PSC, ERC, Comuns y la CUP. Junts apoyó la mayor parte del texto, aunque rechazó la regulación específica de los alquileres de temporada. El PP anunció que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional al considerar que invade competencias autonómicas y supone "una expropiación encubierta de la propiedad privada". Vox y Aliança Catalana también votaron en contra.
La nueva ley incluye asimismo la prórroga de la calificación de las viviendas de protección oficial (VPO) situadas en municipios declarados como mercado tenso, con el objetivo de frenar la pérdida masiva de vivienda protegida. Solo en Barcelona, cerca de 40.000 pisos perderían esa condición antes de 2030 si no se actuara. Además, se faculta a los ayuntamientos para establecer en sus planes urbanísticos la prioridad del uso residencial dentro de su parque de vivienda.
En esencia, la regulación equipara el alquiler de temporada y el alquiler por habitaciones al arrendamiento residencial habitual: ambos quedarán sujetos a los límites de precio fijados por el índice oficial. En el caso de los pisos compartidos, la suma de los precios de todas las habitaciones no podrá superar el máximo permitido. En ciudades como Barcelona, el coste de alquilar una habitación ya alcanza niveles similares al de un piso completo. Los contratos deberán especificar la causa de la estancia temporal -por motivos laborales o de estudios- y el domicilio habitual del inquilino. La ley diferencia, además, entre el alquiler de temporada con finalidad residencial y el alquiler turístico o recreativo, que queda excluido de la regulación de precios.
La consejera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, defendió la norma alineándose con el planteamiento del Govern de Salvador Illa: la necesidad de intervenir cuando el mercado desvirtúa la cohesión social. "Esta ley pretende que la vivienda sea un derecho y no una fuente de angustia", afirmó, advirtiendo de que no actuar conduce a ciudades más inseguras y menos cohesionadas. Desde ERC, la diputada y exconsejera Ester Capella sostuvo que "el mercado tiene un límite, que es el bien común". Susana Segovia, de Comuns, agradeció el papel del Sindicato de Inquilinas y de la PAH por su movilización constante, mientras que Laure Vega, de la CUP, alertó del riesgo de que crisis como la de la vivienda alimenten el crecimiento de la ultraderecha.
La regulación del alquiler de corta duración con precios limitados era una reivindicación histórica de los sindicatos de inquilinas, que ya la reclamaban durante la tramitación de la ley estatal de vivienda entre 2022 y 2023. Entonces advertían de que, sin este control, muchos propietarios trasladarían sus viviendas al alquiler de temporada para esquivar los topes. En la legislatura pasada, una iniciativa similar estuvo a punto de aprobarse por decreto, poco antes de las elecciones de primavera de 2024, impulsada por el Govern de ERC junto a Comuns. Sin embargo, Junts y PSC reclamaron más tiempo y mayor "seguridad jurídica". El fuerte aumento de este tipo de contratos -que ya representan el 26% de los firmados en Barcelona, según datos oficiales, y probablemente más si se cuentan los no registrados- ha llevado finalmente a los socialistas a respaldar la medida. El Sindicato de Inquilinas celebró la aprobación y pidió inspecciones y sanciones para garantizar su cumplimiento, además de una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) a nivel estatal para reforzar este enfoque.
La ley aprobada tiene su origen en el decreto 2/2025, elaborado por el Govern de Salvador Illa para modificar la normativa administrativa, urbanística y de vivienda con el fin de acelerar la ampliación del parque público, dentro del objetivo de sumar 50.000 viviendas sociales hasta 2030. El texto, que ha pasado en dos ocasiones por el Consejo de Garantías Estatutarias, incorpora cambios relacionados con obra pública, procedimientos administrativos, VPO y planificación urbanística.
Más allá de la regulación del alquiler de temporada y de la extensión de la protección de la VPO en zonas tensionadas, la ley refuerza la financiación del Incasòl para promover vivienda social, incrementa los porcentajes de reserva obligatoria de vivienda pública en nuevos desarrollos urbanos y amplía los supuestos en los que la administración puede ejercer el derecho de tanteo y retracto. También crea un registro de grandes tenedores y de viviendas vacías, y establece sanciones para quienes no inscriban sus propiedades.