(El Economista, 13-03-2026) | Laboral
En los últimos años, el mercado laboral español ha experimentado un cambio notable, marcado por una reducción histórica de la temporalidad. Sin embargo, este avance se ha apoyado principalmente en el esfuerzo del sector privado. Entre el segundo trimestre de 2018 y finales de 2025, las empresas redujeron en un 46% el número de empleados con contratos temporales y aumentaron en un 42% los trabajadores con contrato indefinido. En cambio, las administraciones públicas han seguido una tendencia distinta: aunque los puestos fijos crecieron un 13%, el número de trabajadores temporales aumentó todavía más, un 25%.
En total, de los 523.600 empleos públicos generados durante este periodo de casi ocho años, 198.400 corresponden a contratos temporales. Esto significa que el 37,8% de los puestos creados en la Administración desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno tienen carácter eventual. En contraste, en el sector privado todo el aumento neto del empleo asalariado se ha producido a través de contratos indefinidos.
La referencia temporal es significativa porque, aunque en los últimos años del Gobierno del Partido Popular se suavizaron las limitaciones a la contratación pública impuestas durante la crisis económica, fue con la llegada del Ejecutivo socialista cuando el crecimiento del empleo público se aceleró. En estos ocho años, el número de empleados en las administraciones ha aumentado un 17%, alcanzando un récord de 3,6 millones de trabajadores a finales de 2025. De ellos, 975.500 tienen contratos temporales.
Durante este periodo, el Gobierno ha destacado la aprobación de "ofertas públicas de empleo récord" con el objetivo de compensar los recortes realizados durante la etapa de Mariano Rajoy. No obstante, el crecimiento del empleo público -del 17%- es similar al registrado en el sector privado. La diferencia principal reside en la calidad de los contratos, que resulta inferior en el ámbito público.
Una de las razones de esta evolución es que la reforma laboral no se aplica al sector público de la misma manera que al privado. Aunque el Ejecutivo impulsó una nueva ley de función pública y puso en marcha varios planes extraordinarios para reducir la temporalidad, los resultados han sido limitados en comparación con el ámbito empresarial. A finales de 2025, la tasa de temporalidad en las administraciones se situaba en el 26,8%, prácticamente igual que en 2018. En el sector privado, en cambio, se redujo desde el 27,2% hasta el 12,4%.
El análisis de los datos históricos muestra que esta mayor precariedad en el empleo público comenzó antes incluso de la reforma laboral aprobada en 2021. De hecho, a finales de 2018 la tasa de temporalidad del sector público ya superaba a la del privado. La mejora económica y la creación de empleo impulsaron la contratación indefinida principalmente en las empresas privadas, y la reforma posterior amplió todavía más esa diferencia.
Actualmente, el sector público representa el 19,1% del empleo asalariado total, una proporción muy similar al 19,2% registrado en 2018. Sin embargo, al analizar los contratos por tipo se observa un cambio significativo: la Administración ha pasado de concentrar el 19,4% de los trabajadores indefinidos a solo el 16,4%, mientras que en el caso de los temporales su peso ha crecido del 17,8% al 33,4%. Esto la convierte en uno de los principales factores que frenan la mejora general de la calidad del empleo. Esta tendencia cuestiona la idea de que trabajar para la Administración garantiza estabilidad laboral. En la práctica, ni siquiera quienes han superado una oposición están completamente protegidos frente a la precariedad.
Casi la mitad de los trabajadores temporales del sector público -un 48%- son interinos, es decir, ocupan de forma provisional el puesto de otro empleado. Se trata del porcentaje más alto registrado hasta ahora, con 466.600 personas en esta situación, un 35% más que en 2018. Este incremento se ha producido pese a las reclamaciones de los sindicatos, las sentencias judiciales nacionales y europeas y las advertencias de la Unión Europea, que incluso ha vinculado esta cuestión a la distribución de fondos europeos.
El aumento de los interinos contrasta con otro argumento utilizado por el Gobierno para justificar el elevado número de convocatorias de empleo público: la necesidad de sustituir a los trabajadores que se jubilan. Aunque el envejecimiento de las plantillas es evidente, el proceso de relevo generacional no parece estar generando más puestos estables; más bien al contrario.
Esta situación explica otra paradoja del empleo público: concentra alrededor del 36% de las vacantes laborales existentes en España, una proporción que resulta muy superior a la habitual en otros países europeos.
A pesar de estas condiciones laborales menos estables, las administraciones cuentan con un factor que sigue atrayendo trabajadores: el nivel salarial. Según la Estadística de Bases de Cotización de la Seguridad Social, el sueldo medio en el sector público ya supera los 2.800 euros mensuales.
En comparación con el conjunto de los trabajadores, el salario medio de los empleados públicos es un 20,3% más alto, lo que supone unos 579 euros adicionales al mes. No obstante, conviene recordar que no todos los trabajadores públicos son funcionarios, ya que estos representan menos de la mitad del total. Además, dentro del propio sector existe una fuerte diferencia salarial entre los funcionarios de carrera y los cargos políticos, que ocupan los puestos de mayor responsabilidad y acceden a ellos por designación política.