(El Economista, 08-07-2025) | Laboral
El 47% de las personas desempleadas en España se enfrenta a una situación especialmente crítica: llevan más de un año buscando trabajo sin éxito, lo que reduce drásticamente sus posibilidades de reincorporarse al mercado laboral, ya sea como empleados o como autónomos. A pesar de representar casi la mitad del total de parados, estos trabajadores apenas consiguen el 7% de las contrataciones que se realizan cada mes en el país. Y lo más preocupante es que las políticas diseñadas específicamente para apoyarles no están logrando los resultados esperados.
Este colectivo, conocido como parados de larga duración, es el más numeroso entre los llamados "grupos prioritarios" en las políticas activas de empleo. Se trata de personas con características socioeconómicas que las colocan en una situación de mayor vulnerabilidad frente al empleo. Por eso, concentran la atención de los servicios públicos de empleo autonómicos, coordinados a nivel estatal a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y financiados, en buena parte, con los Presupuestos Generales del Estado.
Estos planes fueron renovados con una reforma ambiciosa que dio lugar a la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 y a la Ley de Empleo aprobada en marzo de 2023. No obstante, un análisis preliminar del SEPE revela que, mientras otros colectivos beneficiarios de los llamados "servicios garantizados" han visto mejorar sus posibilidades de acceder a un empleo entre 4 y 13 puntos porcentuales -e incluso más de 21 puntos en algunas medidas concretas-, los parados de larga duración han visto empeorar sus datos. En concreto, su empleabilidad ha caído una media de 6,3 puntos, independientemente del tipo de actuación recibida.
Para medir este impacto, el SEPE compara la tasa de inserción laboral de los beneficiarios seis meses antes y después de recibir el servicio, frente a aquellos que no han accedido a ninguna ayuda. El paro de larga duración representa el 71% de los desempleados clasificados como prioritarios, aunque este dato no es absoluto, ya que un mismo individuo puede pertenecer a más de un grupo de riesgo. Por ejemplo, una mujer de más de 45 años y en paro desde hace más de un año encajaría en varias categorías.
Esta superposición puede generar cierta distorsión positiva en los resultados globales, lo que refuerza la importancia del análisis específico del SEPE, que ha desarrollado una metodología para medir el impacto según cada colectivo. En este sentido, estar en paro de larga duración actúa como un factor transversal que reduce la eficacia de políticas que, en otras circunstancias, funcionan.
El informe también ratifica una realidad ya señalada por los expertos en empleo: cuanto más se prolonga la situación de desempleo, más difícil resulta abandonarla. Pero ahora se demuestra con datos que incluso las medidas más eficaces pierden fuerza si se aplican a este colectivo. Esta situación afecta sobre todo a los mayores de 45 años, quienes tienen más probabilidades de pasar a formar parte del paro de larga duración y que representan el 58% de quienes figuran en los registros del SEPE.
Además, los contratos que logran estas personas suelen ser más precarios: duran, de media, 16 días menos que los que se obtienen sin intervención de programas de empleo, lo que sugiere que ni las reformas recientes del mercado laboral ni las políticas activas están sirviendo para revertir su situación. Esta ineficacia no es atribuible exclusivamente al actual Gobierno, ya que todos los ejecutivos anteriores han impulsado planes específicos sin conseguir mejoras significativas. Con la nueva Estrategia para el periodo 2025-2028 en preparación, estos datos deberían ser una señal de alarma que impulse un cambio profundo en el enfoque actual.