(El País, 21-04-2026) | Fiscal
La Comisión Europea ha optado por no posicionarse claramente sobre los llamados beneficios extraordinarios que están obteniendo las empresas energéticas como consecuencia del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Bruselas no quiere impulsar, por ahora, un sistema común a nivel europeo para gravar estas ganancias derivadas de la crisis en Oriente Próximo y del bloqueo en el estrecho de Ormuz, una vía clave por la que antes transitaba alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado a nivel mundial.
Varios países -España, Alemania, Italia, Austria y Portugal- han solicitado a la Comisión que establezca un marco jurídico que permita gravar estos ingresos inesperados, con el fin de evitar que el impacto de la crisis energética recaiga únicamente sobre los ciudadanos y las cuentas públicas. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario se muestra reticente a adoptar una medida coordinada y, en su lugar, deja en manos de cada Estado la posibilidad de aplicar este tipo de impuestos.
A pesar de ello, los cinco países continúan presionando para que se adopte una solución conjunta, como un tributo armonizado que además tendría un importante valor simbólico y ayudaría a contener las consecuencias económicas del encarecimiento del petróleo. No obstante, los borradores del paquete de medidas que prepara la Comisión no incluyen esta opción.
En la estrategia que la presidenta Ursula von der Leyen prevé presentar próximamente en la cumbre europea, la respuesta a esta petición se limitará a recordar que los países ya tienen capacidad para actuar por su cuenta. El plan sí contempla otras iniciativas para afrontar la crisis energética, como fomentar el teletrabajo semanal, reducir el uso de edificios públicos, limitar los viajes en avión o reforzar el transporte público. También incluye objetivos de electrificación y medidas para flexibilizar las ayudas estatales a sectores especialmente afectados, como el transporte o la agricultura.
Los países que reclaman una mayor intervención consideran que la actual volatilidad del mercado, marcada por tensiones geopolíticas, exige una respuesta más decidida a nivel europeo. Para ello, recuerdan el precedente de 2022, cuando la Unión Europea aprobó una contribución temporal sobre los beneficios de las energéticas tras la invasión rusa de Ucrania, argumentando que la situación actual presenta similitudes que justificarían una medida similar.
Sin embargo, en Bruselas no hay consenso para repetir esa fórmula. Ya en 2022 la Comisión mostró reticencias antes de aceptar un impuesto extraordinario, que finalmente se aplicó de forma temporal tras el respaldo del Consejo de la UE. En esta ocasión, la institución se limita a señalar que los Estados miembros pueden adoptar estas medidas si lo consideran oportuno, algo que responde al reparto de competencias en materia fiscal dentro de la Unión.
Algunos responsables europeos también han apuntado a dificultades legales para implantar un mecanismo de este tipo a escala comunitaria. Además, sostienen que la situación actual no es exactamente comparable a la de 2022, lo que reduce el impulso político para adoptar decisiones similares.
La respuesta más pausada de la Comisión, en contraste con la rapidez mostrada durante la anterior crisis energética, ha generado críticas. Aunque ahora no existe un riesgo inmediato de escasez como entonces ni un incremento tan abrupto de los precios, también influye el menor margen fiscal de los Estados.
Aun así, en el Parlamento Europeo crece la presión para actuar con mayor determinación. Algunos eurodiputados, como el socialista Nicolás González Casares, defienden la necesidad de aplicar un impuesto sobre los beneficios extraordinarios, especialmente enfocado en las energías fósiles, para mitigar los efectos de la crisis.