(Expansión, 16-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La Comisión Europea presentará esta semana EU Inc, una iniciativa destinada a crear un régimen empresarial único en la Unión Europea inspirado en el modelo de Delaware. De acuerdo con el último borrador del proyecto al que ha tenido acceso Expansión, la propuesta pone el foco en la digitalización y en simplificar al máximo los procedimientos administrativos.
Este nuevo sistema, que pretende transformar la manera en que se crean empresas dentro de la UE, forma parte del llamado "régimen 28". Se trataría de un marco legal y administrativo opcional que permitiría a las compañías operar bajo normas comunes en todo el bloque, reduciendo así la fragmentación que generan los 27 sistemas nacionales y facilitando trámites completamente digitales.
Según el borrador más reciente, las empresas podrían constituirse en un plazo aproximado de 48 horas y con un coste máximo de 100 euros. Además, sería posible crear una compañía con capital social cero, lo que ofrece mayor flexibilidad financiera. Este modelo supondría un cambio significativo frente a los procesos actuales, que pueden durar semanas o meses y cuyo coste oscila entre 3.000 y 25.000 euros, dependiendo del país donde se registre la empresa.
Inspirado en el éxito del marco jurídico de Delaware para compañías innovadoras en Estados Unidos, el objetivo de la propuesta impulsada por la Comisión presidida por Ursula von der Leyen es reducir la incertidumbre y los elevados costes que enfrentan emprendedores e inversores al tener que adaptarse a la normativa de cada país en el que desean operar.
El borrador subraya que, además de facilitar la creación de empresas, una prioridad clave es digitalizar los procesos administrativos y minimizar la burocracia. Con este fin, se plantea la creación de una interfaz virtual centralizada de registro, que funcionaría como una ventanilla única basada en el sistema BRIS (Interconexión de Registros Mercantiles). Gracias a esta plataforma, las empresas podrían realizar trámites en cualquier Estado miembro sin tener que interactuar con 27 sistemas distintos.
Todas las gestiones relacionadas con el ciclo de vida de la empresa -constitución, registro de sucursales, inversiones o liquidación- se realizarían exclusivamente en línea, eliminando trámites presenciales y documentación en papel. Asimismo, la propuesta establece el principio de "solo una vez", según el cual la empresa presentaría su información una única vez y serían las autoridades nacionales (fiscales, seguridad social, etc.) las encargadas de consultarla directamente a través del sistema BRIS.
Incluso los estatutos de la empresa seguirían este enfoque simplificado: solo tendrían que presentarse en inglés y en el idioma del país donde se ubique la sede social. Si posteriormente se abre una sucursal en otro Estado miembro con un idioma distinto, el registro del país de destino deberá recuperar automáticamente la documentación necesaria desde el sistema central.
La normativa prevé que solo se exija una traducción certificada al idioma local cuando resulte estrictamente imprescindible, por ejemplo, en determinados procedimientos judiciales o para cumplir requisitos específicos de divulgación pública.
Con el objetivo de lograr una mayor armonización normativa, la Comisión Europea plantea aprobar esta iniciativa mediante un reglamento, lo que implicaría su aplicación directa y obligatoria en todos los Estados miembros sin necesidad de adaptación legislativa nacional. No obstante, las normas nacionales seguirían aplicándose en materias no cubiertas por el reglamento o cuando se remita expresamente a ellas, especialmente en legislación laboral y fiscal, competencias que siguen siendo de los Estados.
El régimen EU Inc estaría abierto a cualquier empresa con sede en la UE, tanto de nueva creación como ya existentes que decidan adoptar este modelo una vez entre en vigor. Aun así, está especialmente diseñado para microempresas -con hasta cuatro empleados, activos de hasta 300.000 euros e ingresos anuales de hasta 200.000 euros-, así como para startups y scaleups innovadoras, a las que se ofrecerán procedimientos más ágiles en casos de insolvencia o liquidación.
En concreto, estas empresas podrían cerrar su actividad mediante un proceso acelerado de hasta tres meses si no tienen deudas, han transferido sus activos y han cesado su actividad. Si existen deudas, el procedimiento podría prolongarse hasta seis meses, con trámites simplificados, sin necesidad obligatoria de abogado e incluso con subastas judiciales de activos digitales que podrían realizarse de forma transfronteriza.
Estas medidas buscan impulsar el dinamismo empresarial, reduciendo el impacto negativo del fracaso empresarial -el llamado "coste del fracaso"- y permitiendo que emprendedores e inversores puedan iniciar nuevos proyectos con mayor rapidez, sin mantener capital bloqueado durante largos periodos.