(El País, 23-05-2025) | Laboral
Con el objetivo de reducir las cargas administrativas y normativas acumuladas en los últimos años, la Comisión Europea ha centrado ahora su atención en un grupo específico de empresas: aquellas de tamaño medio que superan las dimensiones de una pyme, pero que aún no alcanzan la categoría de grandes compañías, es decir, las que cuentan con menos de 750 empleados. Según los cálculos del propio Ejecutivo comunitario, las medidas presentadas este miércoles -como parte del cuarto paquete de simplificación aprobado este año por el Colegio de Comisarios- beneficiarán a unas 38.000 empresas, permitiéndoles un ahorro estimado de 400 millones de euros.
Para alcanzar este objetivo, Bruselas propone eliminar los "10 obstáculos más perjudiciales" que afectan al funcionamiento de estas empresas, identificados tras haber consultado directamente con los propios afectados. Entre los principales problemas señalados están: normativas excesivamente complejas, la ausencia de reglas armonizadas en toda la UE, exigencias específicas de envasado, dificultades para el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales, altos costes relacionados con el desplazamiento de trabajadores poco cualificados, y la disparidad de normas entre países miembros.
Según la Comisión, la eliminación de estas trabas permitirá avanzar hacia una mayor integración del mercado único, facilitando la libre circulación de bienes y servicios, así como la creación y gestión de empresas en cualquier punto de la Unión Europea.
Buena parte de los problemas identificados afectan especialmente a empresas que, sin ser grandes corporaciones, tampoco se benefician de las exenciones ya existentes para las pymes (menos de 250 empleados). Por ello, Bruselas quiere extender parte de estas ventajas al grupo de compañías con entre 250 y 750 trabajadores. "Estas empresas son fundamentales, ya que a menudo se ubican fuera de las capitales y tienen un papel clave en el tejido económico regional. En muchas localidades rurales, una empresa con 500 o 600 empleados suele ser la principal fuente de empleo", ha destacado Stéphane Séjourné, vicepresidente de la Comisión para la Estrategia Industrial.
Las nuevas medidas propuestas incluyen simplificaciones en diversos ámbitos: regulación de mercados financieros, emisión de documentos bursátiles, control de gases fluorados o tratamiento de datos personales. Por ejemplo, ya no se exigirá que estas empresas almacenen todos los datos personales que procesan, sino únicamente aquellos considerados de alto riesgo.
Además, se pretende facilitar la gestión documental eliminando la obligatoriedad de proporcionar versiones físicas de declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones o certificados, permitiendo que todo ello se realice digitalmente.
Otra medida destacada es la creación de un "régimen 28" para empresas de derecho europeo, inspirado en una de las recomendaciones del informe Letta. Esta figura permitiría a las empresas operar en toda la UE a través de una única entidad digital, agilizando trámites administrativos. Esta iniciativa ha servido también de modelo para que el Gobierno español estudie la implantación de un "régimen 18", en alusión a una comunidad autónoma virtual que facilite los procesos administrativos para el sector privado.
Finalmente, con el propósito de corregir las inconsistencias que surgen en la transposición de normas europeas en los distintos Estados miembros, la Comisión pondrá en marcha un análisis para detectar y corregir estas diferencias, además de revisar sus propias normativas para hacerlas más claras y accesibles.