(Cinco Días, 25-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La Unión Europea ha decidido endurecer su postura frente al sector bancario. Las instituciones comunitarias han alcanzado un acuerdo para establecer un nuevo marco normativo destinado a limitar el cobro de comisiones consideradas excesivas o injustificadas en la comercialización de productos financieros, como fondos de inversión, servicios de gestión de carteras o seguros de ahorro. El Parlamento Europeo y el Consejo han fijado las bases de la nueva Estrategia de Inversión Minorista (RIS), una iniciativa que podría transformar profundamente el sector y que algunas entidades interpretan como un intento de control de precios.
El acuerdo político se cerró el 18 de marzo, tras varias rondas de negociación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea. Aunque aún debe ser ratificado formalmente en los próximos meses, el texto introduce cambios relevantes en la forma en que se venden estos productos, con el objetivo de reforzar la protección de los inversores particulares. El principio central de esta normativa es que las comisiones deben estar justificadas por un valor real para el cliente. Es decir, si el inversor paga, debe recibir una contraprestación clara. La directiva MiFID II, en vigor desde 2018, ya intentó mejorar la comercialización de fondos entre particulares, aunque desde el sector se considera que su impacto fue más formal que estructural. Ahora, sin embargo, se anticipan cambios más profundos.
Desde Bruselas se pretende acabar con la comercialización de productos con comisiones elevadas que no se correspondan con su rendimiento. Por ejemplo, no se considera justificable que un fondo de renta variable estadounidense cobre comisiones altas si obtiene resultados inferiores a los de productos similares o a índices de referencia como el S&P 500.
Esta futura regulación podría afectar especialmente a los fondos de gestión activa en España, que representan la mayor parte del patrimonio gestionado. En cambio, las grandes gestoras internacionales especializadas en gestión pasiva, como BlackRock o Vanguard, podrían verse favorecidas por este nuevo entorno.
Desde el sector, la asociación Inverco ha expresado su preocupación por el impacto de estas medidas, advirtiendo de que podrían imponer nuevas cargas a las entidades sin aportar beneficios claros para los inversores. También alerta de que el concepto de "valor por dinero" podría derivar en una regulación indirecta de precios, limitando la flexibilidad del mercado mediante criterios rígidos.
Expertos en regulación financiera señalan que las entidades deberán comparar sus productos con otros similares utilizando criterios objetivos, como el nivel de riesgo, el horizonte de inversión, la estrategia, el mercado al que se dirigen o su enfoque en sostenibilidad. El objetivo es garantizar comparaciones fiables y transparentes.
En el caso de productos de inversión vinculados a seguros, como rentas vitalicias o unit linked, se utilizarán como referencia parámetros definidos por el supervisor europeo del sector asegurador, aunque durante un periodo transitorio también podrán emplearse sistemas nacionales. Las autoridades europeas reconocen el peso de bancos y aseguradoras en la distribución de productos financieros y buscan asegurar que actúan en beneficio del cliente. Por ello, exigirán que puedan demostrar que sus productos aportan valor y que son competitivos frente a alternativas del mercado.
Uno de los puntos más controvertidos son las llamadas retrocesiones, comisiones que reciben los bancos por distribuir productos de terceros. Este sistema puede generar conflictos de interés, ya que una parte significativa de las comisiones pagadas por el cliente termina en manos de la entidad distribuidora. Aunque en el pasado se planteó su prohibición, finalmente no se ha llevado a cabo.
Con la nueva normativa, Bruselas pretende vigilar más de cerca estos incentivos para evitar que influyan en las recomendaciones a los clientes. Desde el sector, sin embargo, se advierte de que la regulación podría dar lugar a interpretaciones distintas entre países, lo que dificultaría la integración del mercado europeo de capitales.