(Expansión, 19-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La Comisión Europea está preparando un paquete de medidas para reforzar la competitividad del sector bancario europeo en un contexto marcado por las elevadas necesidades de financiación de la economía. En el último borrador al que ha accedido EXPANSIÓN ya se perfilan los ejes principales de una reforma que aspira a convertirse en uno de los mayores cambios regulatorios desde la crisis financiera.
El Ejecutivo comunitario prevé presentar oficialmente este documento el próximo 15 de julio. Después se abrirá un periodo de consultas para recoger aportaciones y terminar de dar forma a una propuesta legislativa que podría ver la luz en el primer trimestre de 2027. Aunque aún falta tiempo para su aprobación, el borrador ya adelanta modificaciones profundas en la normativa bancaria europea. La agenda de reformas se estructura en tres grandes áreas: favorecer una mayor integración del mercado, simplificar los requisitos prudenciales y de resolución, e incorporar un enfoque más orientado a la competitividad dentro de la supervisión.
La Comisión considera que, aunque la banca europea ha recuperado niveles históricos de rentabilidad, sigue actuando principalmente como un mecanismo de contención frente a crisis en lugar de desempeñar un papel impulsor del crecimiento económico. Por ello, sostiene que la resiliencia no debe seguir siendo el único objetivo estratégico. El sector bancario ha recibido el documento con sorpresa, destacando el alcance de la iniciativa y el elevado número de disposiciones legislativas que Bruselas plantea revisar.
En cuanto a la integración del mercado, la Comisión propone modificar las reglas actuales para facilitar una mayor coordinación entre bancos con presencia en varios países. Una de las principales novedades sería permitir que los requisitos de capital y liquidez se cumplan a nivel de la entidad matriz en los grupos transfronterizos. Este cambio supondría eliminar la obligación de mantener colchones de capital y liquidez separados en cada filial, una de las principales demandas de la banca. A cambio, la matriz asumiría la obligación legal de transferir recursos a sus filiales cuando fuera necesario.
Con esta medida, Bruselas espera liberar una cantidad significativa de recursos que podrían destinarse a financiar la economía real, especialmente en ámbitos como la transición ecológica, la digitalización y el refuerzo de la defensa europea. Según las estimaciones manejadas, solo en liquidez podrían movilizarse alrededor de 230.000 millones de euros.
Para compensar la reducción de colchones nacionales, la Comisión estudia mecanismos de protección adicionales que generen confianza entre las autoridades de cada país. Aunque el instrumento ideal sería un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos, la falta de consenso político ha llevado a explorar alternativas, como redefinir el papel de los fondos nacionales en situaciones de quiebra transfronteriza. Además, Bruselas también quiere avanzar en la armonización de normas ajenas al ámbito puramente bancario, como la protección del consumidor y los estándares digitales.
El segundo bloque de la reforma se centra en los requisitos regulatorios y los colchones anticrisis. En este terreno, la Comisión parece alinearse parcialmente con las demandas del sector, al estudiar fórmulas para hacer más transparentes y previsibles las exigencias regulatorias. Siguiendo propuestas ya planteadas por el Banco Central Europeo, Bruselas contempla simplificar los distintos componentes del colchón de capital para crear un único colchón liberable capaz de cubrir riesgos tanto cíclicos como estructurales. El objetivo es evitar duplicidades entre requerimientos de distintas autoridades que encarecen innecesariamente la carga regulatoria.
También se estudia armonizar los criterios de los recursos exigidos para absorción de pérdidas (MREL) con los estándares aplicables a los grandes bancos sistémicos globales (TLAC). La intención no es reducir la solvencia, sino eliminar solapamientos regulatorios que resten competitividad. Asimismo, la Comisión analizará si es posible reducir la frecuencia de revisión de los planes de resolución bancaria o simplificar sus procedimientos de aprobación, lo que permitiría disminuir costes operativos.
Respecto a la aplicación de los estándares internacionales de Basilea, la Unión Europea mantiene su compromiso, aunque quiere tener en cuenta las particularidades del sistema bancario europeo. Con ello pretende evitar desventajas competitivas frente a economías como Estados Unidos, donde la implantación de estas normas podría ser parcial o más lenta. Bruselas también plantea reglas más flexibles para entidades pequeñas y de estructura sencilla, al considerar que presentan riesgos limitados para la estabilidad del sistema financiero.
En materia de supervisión, la Comisión no llega a proponer que la competitividad se convierta formalmente en un segundo mandato para los supervisores junto a la estabilidad financiera. Sin embargo, sí insta a la Autoridad Bancaria Europea y al Banco Central Europeo a desarrollar una cultura supervisora que valore también la aportación de la banca al crecimiento económico de la Unión Europea. Bruselas advierte además contra una supervisión basada en una tolerancia cero al riesgo, al considerar que ese enfoque puede frenar la financiación empresarial y la inversión.
Por último, la Comisión reclama una mayor coordinación entre supervisores y una visión más integrada para reducir la carga burocrática asociada al reporte de datos regulatorios, un coste que ya supera los 11.000 millones de euros. Con una mayor armonización entre autoridades, Bruselas confía en recortar hasta la mitad esas obligaciones administrativas para el sector bancario.