(El Economista, 19-02-2026) | Fiscal
A finales de enero expiró el plazo que la Comisión Europea había ampliado en julio para que España aprobara el incremento del impuesto al diésel. Como dicha subida no se ha materializado, ahora Bruselas reclama aclaraciones al Ejecutivo español. Según fuentes comunitarias, el país debe remitir una justificación que explique por qué no se ha adoptado la medida. La Comisión estudiará los argumentos presentados y podría conceder hasta dos meses adicionales para ampliar la información. Desde el Ministerio de Economía aseguran que continúan trabajando en este asunto.
En juego hay 475 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación que siguen bloqueados por el momento, además de otros 626 millones retenidos por no haberse cumplido el compromiso de reducir la temporalidad en el empleo público. En total, permanecen pendientes unos 1.100 millones correspondientes al quinto pago de los fondos Next Generation EU, justo cuando el Gobierno español prevé solicitar en breve el sexto desembolso, cuya cuantía aún no se ha hecho pública.
Cuando a comienzos de diciembre de 2025 Economía remitió a Bruselas una modificación del Plan de Recuperación para ajustar varios hitos exigidos para recibir estas ayudas, la subida del impuesto al diésel no figuraba entre las medidas eliminadas o sustituidas. El ministro Carlos Cuerpo declaró entonces que el compromiso seguía vigente y que aún había margen para cumplirlo.
El pasado martes, el ministro volvió a mostrarse confiado en la capital comunitaria y subrayó que el Gobierno no renuncia a reducir las bonificaciones fiscales del diésel para desbloquear los fondos asociados. Afirmó que el Ejecutivo seguirá intentándolo "hasta el último minuto" y que todavía existen plazos disponibles dentro de la normativa del Plan de Recuperación.
No obstante, aprobar esta subida fiscal resulta muy complicado. Requeriría el visto bueno del Pleno del Congreso de los Diputados, donde no existe mayoría suficiente. Así lo reconocen también en el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, responsable de elaborar el decreto, mientras Economía negocia con las instituciones europeas. La iniciativa cuenta con el rechazo frontal de Partido Popular, Vox y especialmente de Junts per Catalunya, grupo clave para aprobar cualquier medida parlamentaria. También Podemos se opone a reducir la bonificación, al considerar que perjudicaría a los sectores con menos recursos.
La ausencia de apoyos en el Parlamento es, en realidad, el principal motivo por el que el Ejecutivo no impulsa el aumento del gravamen al diésel. Además, este asunto no figura entre las prioridades de Junts y, de hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera lo negocia con la formación liderada por Carles Puigdemont. La reforma fiscal prevista afectaría al impuesto incluido en el gravamen sobre hidrocarburos, elevándolo de 0,307 euros por litro a 0,4 euros. Con la aplicación del IVA -que se calcula sobre el precio final más ese impuesto especial- el coste por litro aumentaría todavía más.